- La violencia constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, según las autoridades. Foto referencial / pixabay.com
Se busca garantizar una eficaz atención a víctimas en casos de violencia.
El Consejo de la Judicatura (CJ) y el Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL+), financiado por la Unión Europea (UE), presentaron este miércoles un proyecto para prevenir y erradicar la violencia de género en el país.
Las dos entidades suscribieron una carta de compromiso para lanzar oficialmente el proyecto.
Este se denomina "Diseño e implementación de un modelo de gestión con estándares de atención a víctimas de violencia de género (física, psicológica y sexual) en contravenciones y delitos, y femicidios, con protocolos de actuación unificados para el equipo técnico pericial y rutas de atención de las unidades especializadas y con competencia en esta materia, en situaciones no flagrantes".
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El lanzamiento de la asistencia técnica en materia de género con el programa EUROsociAL se realizó de manera virtual.
Contó con la participación de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, la embajadora de la UE en Ecuador, Marianne Van Steen, y el director del Programa EUROsociAL+, Juan Manuel Santomé.
El programa EUROsociAL+ corresponde a un esfuerzo de la UE para brindar cooperación técnica a países de América Latina, con el fin de contribuir a la mejora de la cohesión social en la región, así como al fortalecimiento institucional.
Ello, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de género, gobernanza y políticas sociales, indicó en un comunicado.
A través del proyecto acordado, se busca garantizar una eficaz atención a víctimas en casos de violencia contra la mujer y demás miembros del núcleo familiar, con énfasis en violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y femicidios en casos no flagrantes, para el fortalecimiento y coordinación interinstitucional.
Maldonado aseguró que el CJ tiene entre sus prioridades a las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y que, en ese marco, trabaja por la tutela efectiva de sus derechos en el ámbito de la justicia especializada.
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Señaló que la violencia constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz en la sociedad.
Y aseguró que, en este contexto, es fundamental que el Estado con el apoyo y asesoría técnica de organismos como EUROsociAL+ establezcan políticas para la protección efectiva de la mujer y la familia.
De su lado, Van Steen indicó que la prevención y erradicación de la violencia de género es una prioridad estratégica de la UE y de Ecuador, y se inserta en procesos que están en marcha.
"El fin es implementar un modelo de gestión con estándares de atención en todas las unidades judiciales competentes en materia de violencia, y de esa manera garantizar el acceso de la ciudadanía a una justicia especializada permitiendo a las mujeres y las niñas vivir una vida libre de violencia", puntualizó.
Para Santomé, la crisis que hoy vive el mundo ha representado un gran desafío que vio exacerbarse la violencia de género, lo que ha implicado que las instituciones se pongan al frente de la construcción de alternativas adaptadas a momentos como los actuales.
Con el fin de garantizar el éxito de la iniciativa, a través del Programa EUROsociAL+ se dispondrán los recursos económicos de su presupuesto, que permitan la identificación y movilización de experiencias de instituciones latinoamericanas y europeas que posibiliten la transmisión de conocimientos en cada uno de los sectores objeto del acompañamiento.
Ello, garantizando también un diálogo técnico en los niveles regional y bi-regional, que resulten en una respuesta de calidad a la acción prioritaria propuesta por la institución nacional firmante, reza el escrito.
De otra parte, el Consejo de la Judicatura de Ecuador se compromete, entre otros puntos, a cumplir metas en torno a la creación de un espacio de simulación de audiencias, como un proceso integral e interinstitucional práctico, y a mejorar la calidad de atención a víctimas por parte del personal jurisdiccional y técnico.
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