Proyecto de ley plantea que militares ingresen a las cárceles y tipifica el delito de terrorismo dentro de las prisiones

El proyecto denominado Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, que fue presentado por la ministra de Gobierno a la Asamblea Nacional, propone, entre otros temas, tipificar el delito de terrorismo dentro de las cárceles.

Este sancionaría a quienes provoquen un estado de terror entre la población carcelaria. Serían condenados hasta con 15 años de prisión, sin embargo, de existir muertos, la pena privativa de libertad será de entre 22 y 26 años.

Otro aspecto del proyecto de ley es que, de existir masacres dentro de los recintos penitenciarios, como las ocurridas el año pasado, los militares podrían ingresar a los pabellones si la Policía Nacional y otras instituciones así lo requieren, pero además sin la necesidad de la declaratoria de estado de excepción.

- Uso de la fuerza -

En el documento se describen los niveles de uso de la fuerza implementados por los agentes. Dispone que en el caso de enfrentamientos en el que los sospechosos resulten heridos o muertos se presumirá que: "el uso de la fuerza fue legal, proporcional y progresivo".

Y será el fiscal y los acusadores quienes deban demostrar lo contrario.

La asambleísta Ana Belén Cordero (CREO) indica también que el proyecto de ley permitirá que el Estado financie abogados para los agentes de la fuerza pública implicados en enfrentamientos con delincuentes.

- Estado de emergencia -

Por otra parte, el Ejecutivo intenta con este proyecto enfrentar el crimen en las calles.

Según Cordero, se establece el concepto de estado de emergencia sin la necesidad de la declaratoria de un estado de excepción. Ello permitirá la movilización de militares en casos de delincuencia desbordada, como ocurre actualmente en Guayaquil.

Sobre las Fuerzas Armadas, en el documento se apunta una referencia: que su misión de soberanía e integridad territorial incluya: "prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales en el territorio nacional".

En la Asamblea Nacional hay en trámite tres proyectos de uso progresivo de la fuerza.

Si así los define el Consejo de Administración Legislativa (CAL), este último documento planteado por el Gobierno Nacional podría sumarse a esos textos.