Prohíben salir del país a veedores de contratos de Fabricio Correa

Un juez ecuatoriano ordenó hoy, jueves, no salir del país a los cuatro miembros de una veeduría que dijo que el presidente Rafael Correa conocía los contratos que su hermano Fabricio tenía con el Estado y los cuales están en la embajada de Panamá en Quito a la espera de una respuesta a su petición de asilo.

El magistrado Fabián Llánez les ordenó además que se presenten ante el juzgado cada 15 días, después de que la Fiscalía no pidiera la prisión preventiva en una audiencia celebrada hoy, según Ramiro Román, el abogado de los acusados.

Pablo Chambers, el presidente de esa veeduría, y sus colegas José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo no se presentaron a la audiencia.

Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá aseguró a Efe que los cuatro están en la embajada en Quito y que "se está haciendo las consultas pertinentes en estos casos y aún no hay nada decidido" sobre su petición de asilo.

El propio Correa solicitó la creación de la veeduría, pero una vez que hizo público su informe hace un año, acusó a sus miembros de manipular documentos y de presentar una conclusión falsa, por lo que los denunció ante la Fiscalía, que ha impulsado un juicio penal contra ellos.

En la audiencia de hoy la Fiscalía les imputó el cargo de falso testimonio, que acarrea una pena de 6 meses a 3 años si se les declara culpables, explicó Román a Efe a la salida de la sesión.

Los veedores no respondieron a las llamadas de Efe hoy, sin embargo ayer Chambers expresó su temor de que el juez ordenara la prisión preventiva contra ellos.

Eso les motivó a pedir asilo desde el viernes a las embajadas en Quito de Costa Rica, Panamá, Chile, Reino Unido y el Vaticano.

El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, afirmó hoy en San José que los cuatro no completaron la solicitud formal y que por eso "pareciera que ellos desistieron". Los otros Gobiernos no se han pronunciado al respecto.

Los veedores también solicitaron medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según Chambers.

En su informe, la veeduría aseveró que el volumen de los contratos de Fabricio Correa ascendía a 657 millones de dólares y que hubo un perjuicio para el Estado de 140 millones.

También afirmó que Rafael Correa sí conocía esos contratos y que hubo favoritismo en su adjudicación en favor de Fabricio, quien, después del escándalo, se ha convertido en un opositor a la gestión de su hermano y realiza actualmente los trámites ante el Consejo Nacional Electoral para disputarle la reelección en febrero de 2013.

El mandatario ha negado conocer los contratos, que él canceló después de que una investigación periodística los sacara a la luz, y ha afirmado que el objetivo de la veeduría era "hacerle daño al Gobierno".

Los miembros del comité fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo auditor ciudadano.

Los periodistas que revelaron el caso, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, también afirmaron en su libro "El Gran Hermano" que Correa sabía de los contratos.

El mandatario les enjuició por injurias por ello, pero tras ser condenados al pago de 2,1 millones de dólares los perdonó.