Prisión preventiva para asesor legislativo y 6 más por caso de corrupción en Manabí
Los otros dos investigados recibieron medidas sustitutivas.
Siete de los nueve investigados por actos de corrupción relacionados con la contratación de una obra pública en Manabí recibieron prisión preventiva la tarde de este viernes 15 de mayo. Entre ellos, un dirigente político, quien es además asesor del legislador Daniel Mendoza de Alianza PAIS.
En la audiencia, se dictó prisión preventiva para Franklin C., José V., Danilo V., José S., José P., Jean B. y Miguel G., mientras que, para Esteban V. y Mario O. se dispuso medidas alternativas. Los nueve fueron detenidos en varios allanamientos ejecutados ayer en Manabí.
En contra de ellos se formularon cargos por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Además, se dispuso el inicio de una instrucción fiscal por noventa días, tiempo en que Fiscalía profundizará la investigación que inició hace varios meses y que permitió la ejecución del operativo 'Fortuner' en varios cantones de la provincia.
Para todos los procesados se dictó la prohibición de enajenar bienes y la retención de valores y fondos que posean en el sistema financiero nacional (sea titular o firma autorizada); y que sus bienes, que constan como evidencia, sean incautados.
En el operativo, ejecutado con apoyo de la Policía Nacional, se efectuaron seis allanamientos en los que se decomisó $1'694.720,80 en cheques y efectivo, armas de fuego y otros elementos de convicción que fueron presentados durante la audiencia, como los informes de interceptación telefónica y de triangulación de llamadas, que determinan la relación entre los procesados; el informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), que da cuenta de su actividad económica y de la relación con la construcción del hospital de Pedernales.
Así mismo, se presentó un informe de BanEcuador que hace referencia al movimiento de dinero de la cuenta para la construcción del mencionado hospital y el retiro de más de 100.000 dólares en cheques cobrados por los procesados, dos de ellos servidores públicos.
Se incluyó también el informe de inspección ocular técnico del lugar de los hechos y de levantamiento de evidencias, entre las que constan un total de 1’694.720,80 dólares (1’032.529,10 en cheques y 662.191,70 en efectivo), documentación relacionada con la investigación, equipos electrónicos y armas de fuego.
Otro de los elementos de convicción determinante fue el Reporte de Operaciones Inusuales (ROI), emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que hace referencia al irregular movimiento de dinero por parte de los procesados.
En este caso, los plazos quedan suspendidos hasta que se reestablezcan las actividades jurisdiccionales en Ecuador.
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