Preocupación entre la ciudadanía insular por Ley de Galápagos

En la Asamblea Nacional, la Comisión de Gobiernos Autónomos analiza el veto del presidente de la República a la Ley de Régimen especial de Galápagos.

 

Esto, en medio del pedido de los habitantes para que no se dé paso a los cambios propuestos por el ejecutivo sobre las remuneraciones y bonificaciones a las instituciones de gobiernos autónomos del archipiélago.

 

Esto ocurrió en San Cristóbal, el pasado lunes. Los motivó su preocupación por el proyecto de Ley de Régimen Especial para el Archipiélago y sobre todo el veto del presidente que será analizado en la Asamblea.

 

Por eso llegaron también este miércoles al palacio legislativo. Es que, por ejemplo, Aaron Romaro, estudiante universitario de Galápagos, señala que los salarios en Galápagos se reducirían notablemente si se aprueba la norma pues en su disposición general cuarta, las remuneraciones tanto para el sector público como privado para quienes ingresan a trabajar. 

 

"(...) Se pagarán con un incremento que se calculará multiplicando el índice de precios anual al consumidor con respecto a los precios del Ecuador continental...". 

 

Actualmente el incremento en los sueldos en Galápagos es del 100 por ciento respecto del vigente en el resto del país. 

 

“No alcanza el sueldo en Galápagos, incluso ahora y peor con la reducción que va haber, si se aprueba el veto presidencial”, explicó Romero. 

 

Pero, según Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que analiza el veto presidencial la intención es darle una base técnica al cálculo de esas remuneraciones.

 

“Si los bienes y servicios en promedio cuestan, por ejemplo, un 50 por ciento más, que sea exactamente ese el valor a incrementarse, que es obviamente técnico”, indicó Calderón. 

 

Sin embargo, la preocupación en Galápagos también tiene que ver con los recursos de municipios y juntas parroquiales entre otros gobiernos autónomos descentralizados, pues hoy reciben un 100 por ciento adicional al presupuesto previsto para su funcionamiento por su condición geográfica. 

 

Con el veto este rubro de calcular también de acuerdo al índice anual de precios al consumidor.

 

“Y atentan contra el desarrollo del hogar, con el fortalecimiento de su territorio. Obviamente va a haber menos generación de empleo porque la mayoría de ellos hacen obra pública o equipamiento”, explicó Max Freire, presidente de la Junta Parroquial de isla Santa María. 

 

Y aunque estaba previsto que el informe para el pleno se apruebe hoy, varios asambleístas solicitaron suspender la sesión precisamente para analizar estos temas a mayor profundidad, según señaló el Vicepresidente de la Comisión, Fausto Terán. 

 

“Lo que necesitamos es anclar algo técnico. Las leyes tienen que ser eso, ancladas a algo técnico y para eso los asambleístas están tomándose el tiempo necesario para poder analizarlo”, precisó Terán. 

 

La comisión tiene plazo hasta este jueves para aprobar su informe sobre el veto presidencial.