Estas son las demandas que consiguió el movimiento indígena, tras 18 días de paro en Ecuador

Ayer 30 de junio de 2022, el gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena llegaron a un acuerdo. El 'Acta por la Paz' puso fin al paro que duró 18 días en Ecuador y estableció 90 días para dar cumplimiento a los acuerdos.

El acta fue suscrita por los representantes de la Conaie, Leonidas Iza; Feine, organización de indígenas evangélicos, Eustaquio Toala; y Fenocin, Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Gary Espinoza.

Pero, ¿cuáles son los acuerdos entre el movimiento indígena y el Gobierno?

Finaliza el paro en Ecuador, tras una agotadora negociación y 18 días de bloqueo

Ahora la gasolina Extra y Ecopaís disminuye 15 centavos en total, pasa de 2.55 a 2.40 dólares y el Diésel de 1.90 a 1.75 dólares. Además, se trabajará políticas para focalización de los subsidios, en ese sentido, el régimen se comprometió a trabajar en la política de focalización de subsidios y a derogar el estado de excepción conforme se restablezca la paz.

Asimismo, quedaron por escrito las concesiones anteriores:

- Derogar el Decreto 95 (hidrocarburos) y reformar el Decreto 151 (minería):

- Áreas protegidas y territorios ancestrales de conformidad con el artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador.

- Zonas declaradas como intangibles.

- Zonas arqueológicas de conformidad con la Ley.

- Áreas de protección hídrica de conformidad con la Ley.

Además, se garantizará la consulta previa, libre e informada de las comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, considerando los estándares dictados por la CIDH y la Corte Constitucional ecuatoriana.

- El control de especulación precios y condonar deudas de 3.000 dólares.

- El 50% de subsidio a la úrea.

- Duplicar presupuesto educación intercultural.

- Además, el bono social sube a 55 dólares.

Los otros temas pendientes en los que no hubo acuerdo se tratarán en una mesa de diálogo por 90 días a la que deberán acudir los ministros.

Finalmente, el Gobierno se comprometió, dentro de sus competencias a no impulsar la judicialización de los manifestantes procesados por los hechos ocurridos durante el paro nacional.