13 sep 2024 , 20:55

Municipios afectados por el retiro de fotorradares presentaron demanda de inconstitucionalidad en contra de la ANT

Los alcaldes de los municipios reclamaron que la decisión tomada por la ANT no respeta las facultades que les fueron otorgadas constitucionalmente, mediante el Consejo Nacional de Competencias.

   

Los alcaldes de varios municipios, junto a un grupo de abogados, presentaron en la sede de la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por su resolución que ordenó la suspensión de radares de velocidad.

Esa decisión instó a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) que arranque un proceso de clausurar 163 fotorradares en 32 cantones y una mancomunidad, todos ellos municipios de modelo gestión tipo B, según lo establecido por el Consejo Nacional de Competencias (CNC).

Al tener esa categoría, las autoridades de estas localidades deben planificar, regular y controlar el tránsito, pero no pueden tener el control operativo del tránsito en la vía pública con agentes. Sin embargo, la regulación de la velocidad de los vehículos es ejercida por dispositivos eléctricos.

Le puede interesar:Desde 2023, 40 agentes de la CTE han sido desvinculados por actos ilícitos

Para estos municipios, lo determinado por el ANT viola la Constitución de la República, que indica que los gobiernos autónomos descentralizados (GADs) deben regular y controlar el tránsito dentro de su territorio cantonal.

Por su parte, la CTE indicó mediante un comunicado que esta medida busca garantizar que estos insumos cumplan con su objetivo preventivo y no con fines recaudatorios.

"Lo que se está haciendo es inconstitucional. Nosotros estamos defendiendo es una competencia que ya se nos dio en el 2012", expresó Jonás Intriago, alcalde del cantón Junín de Manabí.

Lea también: Durán: Un vehículo de la CTE fue incendiado mientras agentes trabajaban en la av. Nicolás Lapentti

María Elisa Arauz, vicealcaldesa de Pedernales, manifestó que sin los radares no podrían controlar que los vehículos en su cantón cumplan con la regla de no circular a una velocidad mayor a 20 kilómetros por hora en zonas donde están instituciones educativas.

También expresó que si hay que bajar los montos de multas por exceso de velocidad se puede trabajar ese tema, sin embargo, indicó que sus competencias sí deben ser respetadas.

Ellos solicitan que la Corte Constitucional suspenda los efectos de la resolución y que priorice el caso para un tratamiento más rápido.

Noticias
Recomendadas