Moreno remite proyecto para derogar 'Impuesto verde'

El presidente de la República, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley derogatoria al Impuesto Ambiental a la contaminación vehicular, llamado 'Impuesto verde'. Así lo informó este 31 de mayo de 2019, a través de su cuenta de Twitter. "Como lo anuncié el 24 de mayo (de 2019), he presentado ante la Asamblea, el proyecto para derogar el mal llamado 'Impuesto verde'. Los incentivos tributarios ambientales son muy importantes, pero no deben ser desproporcionados", señaló el primer mandatario en sus redes sociales, al mostrar el documento, con fecha 30 de mayo de 2019. En su informe a la Nación, el jefe de Estado se refirió a su derogatoria. "He decidido eliminar el mal llamado 'Impuesto verde', pues ha demostrado ser una carga demasiado pesada para muchas personas, es distorsionante ya que grava al patrimonio antes que a la contaminación ambiental". El anuncio generó varias reacciones en el Legislativo, respaldando la medida. Es que en el parlamento, se presentó a finales de abril una iniciativa para su eliminación. El 29 de mayo de 2019, la comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. El documento recomienda derogar dicho tributo. Este impuesto se aplica a los vehículos de mayor cilindraje y con más años de circulación. Fue creado en 2012 durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa, con el objetivo de financiar planes y programas para reducir la contaminación. En 2018, por este tributo se recaudó $33,5 millones, mientras que entre enero y marzo de 2019, $9,4 millones, según cifras oficiales. Análisis en la Corte Constitucional Este 31 de mayo, en la Corte Constitucional se desarrollan dos audiencias públicas sobre la constitucionalidad de este impuesto. El exasambleísta Gilmar Gutiérrez, uno de los accionantes, rechazó el tratamiento que se le quiere dar a su eventual derogatoria. Asimismo, un grupo de ciudadanos se manifestó en los exteriores de la Corte para exigir su eliminación. La jueza constitucional Karla Andrade otorgó cinco días a las partes para ratificar lo señalado en la diligencia.