La realidad de los refugiados y migrantes colombianos y venezolanos en Quito

El próximo jueves 1 de septiembre del 2022 arranca el proceso de regularización de venezolanos en el país. El presidente Guillermo Lasso Mendoza, en junio de este año, suscribió el Decreto Ejecutivo número 436 con el que estableció una amninistía migratoria para las personas de esa nacionalidad.

Asimismo se definió la hoja de ruta para la regularización de los extranjeros que ingresaron al país. El Ministerio del Interior se encargará del registro y el objetivo es visibilizar a las personas foráneas y conocer su situación social y económica.

Para las autoridades, este proceso beneficiará a los migrantes y a las comunidades de acogida porque permite la inclusión e integración entre sí. Según el último reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a escala nacional hay 502 214 venezolanos con corte hasta el 16 ju junio.

El último informe de esa entidad denominado 'Situación de las personas refugiadas y otras en movilidad humana en Ecuador - Quito 2022', indica que alrededor de 107 909 personas de interés residen en la provincia de Pichincha y la gran mayoría de esta población se encuentran asentada en la ciudad de Quito.

Según datos de ACNUR, 66% de las personas refugiadas y migrantes que viven en Pichincha residen en Quito. Este porcentaje corresponde a 71 106 personas. De ellas, el 87% son venezolanas, el 7% son colombianas y un 6% corresponde a otras nacionalidades.

La capital es un destino con vocación de permanencia para las personas refugiadas y migrantes debido a un mayor acceso a servicios y a las posibilidades de generar ingresos económicos.

48% de los refugiados y el 36% de personas solicitantes de asilo viven en Pichincha, desde el 2004 hasta mayo del 2022. Entre las solicitudes, el 39,9% fueron presentadas por colombianos, 7,7% por otras nacionalidades y 52,4% por venezolanos.

Entre los reconocimientos, el 94,5% son de nacionalidad colombiana, 4,1% de otras nacionalidades como cubana, afgana, siria, yemení, peruana e iraní y 1,4% corresponde a venezolanos.

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Un 67% de las familias encuestadas en 2021, radicadas en Quito, indicó haber ingresado de manera irregular. A escala nacional, se observa una diferencia en 7 puntos porcentuales, ya que un 40% de las personas manifiestan haber entrado al país de manera regular frente a un 60% que lo hizo de manera irregular.

El 78% de la población siente temor y cree que hay riesgos a su vida, libertad y seguridad al momento de retornar a su país de origen.

Según los datos cualitativos recolectados en grupos focales, la población venezolana ha tenido que enfrentar en su nación varios tipos de amenazas a su seguridad física y psicológica, y señalan, a agrupaciones denominadas “Los Colectivos” como los responsables.

A decir de las personas participantes en los grupos focales, definen a “los Colectivos” como grupos armados que amenazan, amedrentan e incluso ocupan sus casas si no siguen sus órdenes.

El proceso de regularización es una amnistía migratoria, que constará de tres pasos que los solicitantes deberán cumplir virtual y presencialmente. Cada uno de ellos tendrá a una de las carteras de estado al frente de los procesos.

El primer paso que deben realizar es un registro en el Ministerio del Interior, así obtendrán un Registro de Permanencia. Este se iniciará este 1 de septiembre de 2022 y culminará el 15 de agosto de 2023. Quienes opten por formar parte de este proceso deberán obtener su Certificado de Permanencia Migratoria hasta esa fecha.

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Con el certificado entregado por el Ministerio del Interior, los solicitantes deberán iniciar el proceso de solicitud de la visa (VIRTE) en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta etapa se iniciará en octubre de este 2022 y culminará en agosto del 2023.

Finalmente, con la obtención de la visa los ciudadanos empezarán el proceso de cedulación en la Dirección General de Registro Civil.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, de oficio o por derivación, brindará atención y protección especializada a las niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados de cualquier nacionalidad. Para eso se diseñó un procedimiento e instructivo específico.

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