La prelibertad de 5.000 presos en Ecuador no solo depende del Ejecutivo

El anunciado otorgamiento de la prelibertad a cinco mil presos, con el fin de reducir el hacinamiento en la cárceles de Ecuador, no solo depende de una decisión de la Presidencia de la República, sino también de los jueces.

Según Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), organismo encargado de administrar las prisiones, el proceso iniciará luego de la firma de un Decreto Ejecutivo que dispondrá la conformación de un directorio.

Ese directorio deberá proponer una reforma al Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social para que narcotraficantes, sicarios, violadores u otros reclusos de mayor peligrosidad no se beneficien de este plan.

Desde el Gobierno también se analiza indultar o repatriar a reos para disminuir la sobrepoblación carcelaria. La mayoría de extranjeros que está en los reclusorios de Ecuador son de Colombia, Venezuela, Perú y México.

Según el catedrático y jurista, Mario Cuvi, dos de los requisitos básicos para que los presos se acojan a la prelibertad son: haber cumplido el 60 % de su condena y no haber tenido problemas disciplinarios dentro de las penitenciarias.

De acuerdo a cifras oficiales, en Ecuador hay cerca de 40.000 presos distribuidos en 37 cárceles, lo que representa un hacinamiento del 30 %. Solo este año han sido asesinados cerca de 120 reclusos.

La semana pasada, tras los violentos hechos ocurridos en prisiones de Cotopaxi y Guayaquil que dejaron una veintena de reos muertos, el presidente Guillermo Lasso anunció "un proceso de reestructuración total de las cárceles" y declaró en emergencia al sistema penitenciario.