La Contraloría de Ecuador detecta crecimiento inusual en los patrimonios de 10 jueces

La Contraloría General del Estado ha detectado irregularidades en las declaraciones juramentadas de bienes de diez jueces de Ecuador, y ha remitido los informes de responsabilidad penal a la Fiscalía para su investigación.

Un equipo auditor de la Contraloría observó inconsistencias al confrontar la información registrada en las declaraciones patrimoniales juradas de diez jueces provinciales, multicompetentes y de primer y segundo nivel, que actuaron entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.

Aunque el organismo de control no ha dado los nombres de los jueces en cuestión, se conoce que ellos son parte de un grupo de 30 funcionarios judiciales que fueron observados por el ente de control desde 2022.

Los jueces señalados son de siete provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Azuay, Cañar, Loja y Pastaza. Ellos aún están en sus cargos y aunque la Contraloría no identificó públicamente a los magistrados, se conoció que hay seis hombres y cuatro mujeres en la lista de informes de responsabilidad penal, debido al crecimiento inusual en sus patrimonios.

La Ley de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas establece que la información contenida en estas declaraciones es pública, pero su confrontación y examen tienen carácter reservado, salvo para quien está siendo investigado.

En enero de 2022, el contralor subrogante, Carlos Riofrío, anunció el inicio de las acciones de control a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces de la Función Judicial, que se extendieron también a 30 jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y a los conjueces.

En paralelo, se realizó un análisis de las declaraciones juramentadas de 25 generales de la Policía Nacional, luego de que el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, declarara a finales de 2021 que en Ecuador existían "narcogenerales" y procediera con la revocatoria de visas a varios de los generales.

En agosto de 2022, Riofrío informó que se habían ejecutado 24 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía y se constató que tres de ellos no pudieron justificar los ingresos y gastos reportados.

La Contraloría sigue realizando acciones de control en distintas entidades del Estado para prevenir la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos.