La CIDH pide a Ecuador adoptar medidas ante muerte de 121 reclusos este año

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este lunes a Ecuador a adoptar "medidas inmediatas y efectivas" para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de los privados de libertad, al condenar la violencia en distintas cárceles de ese país que deja al menos 121 internos muertos en lo que va del año.

El organismo señaló en un comunicado que desde enero pasado hasta la fecha habrían ocurrido "diversos enfrentamientos entre personas detenidas pertenecientes a grupos rivales", que, además de las muertes, han causado decenas de heridos, entre ellos agentes penitenciarios.

La Comisión, con sede en Washington, advirtió "con preocupación que estas muertes se producen en un contexto de reiterados actos de violencia en los centros penitenciarios de Ecuador".

En concreto, se refirió a incidentes que tuvieron lugar en los centros de Azuay No. 1, Cotopaxi No. 1, Guayas No. 1, Guayas No. 4, Manabí No. 4, y Ríos No. 2, sobre los cuales se pronunció el 22 de julio, el 29 de abril y el 26 de febrero pasados.

La CIDH dijo haber tomado nota de las "diversas acciones implementadas" por el Estado ecuatoriano para responder a la crisis penitenciaria en ese país.

Sin embargo, señaló que "debe tomar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de detención".

Entre las acciones, propuso implementar protocolos para prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad; incrementar el personal de seguridad y vigilancia interior; imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas en las cárceles.

También pidió se garantice la seguridad de los funcionarios que trabajan en los centros de detención.

En el comunicado, el organismo enfatizó que los Estados deben investigar "de oficio y con la debida diligencia" todos los hechos de violencia registrados en los centros de detención y la muerte "de personas que se encuentran bajo su custodia", en busca no solo de los responsables materiales sino de los posibles autores intelectuales y de aquellas autoridades "que por acción u omisión pudieran ser responsables".