La CIDH destaca avances en reducir el hacinamiento de las cárceles de Ecuador

El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Personas Privadas de Libertad, Stuardo Ralón, aseguró que existen avances en la reducción del hacinamiento de las cárceles de Ecuador.

Durante la firma de un convenio marco con el Gobierno y el servicio nacional penitenciario (SNAI) de Ecuador para ejecutar planes y programas que aplaquen la crisis carcelaria del país, Ralón resaltó la reducción de la población penitenciaria a lo largo de 2022.

Aminorar el hacinamiento de las prisiones era una de las recomendaciones realizadas por la CIDH al Estado ecuatoriano para solucionar la crisis carcelaria, que acumula más de 400 presos asesinados desde 2020 en distintas reyertas entre presos que se disputan el control de los centros penitenciarios.

"De 42 000 (en diciembre de 2021) hablamos que ahora son unas35 000 personas, como consecuencia de la aplicación de beneficios penitenciarios y del indulto presidencial en algunos procesos, cumpliendo con los parámetros aplicables al caso", detalló Ralón en declaraciones difundidas por el SNAI.

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El hacinamiento en el sistema penitenciario de Ecuador ha bajado casi 20 puntos porcentuales desde inicios de 2022 hasta situarse por debajo del 8%, aunque en algunas prisiones la sobrepoblación de presos puede llegar al 50%.

"Quería reconocer el compromiso de Ecuador cuando decidió enfrentarse a la crisis penitenciaria, al afrontar un problema estructural que llevaba décadas, con un enfoque de derechos humanos apegado a la ley", agregó.

Por su parte, el director del SNAI, Pablo Ramírez, explicó que el convenio marco permitirá la asistencia técnica de expertos que asesorarán a las autoridades ecuatorianas para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones dictadas por la CIDH.

En su informe emitido en diciembre de 2021, la CIDH instó a Ecuador a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos, no abusar de la prisión preventiva (provisional) para procesados y elaborar una política de prevención del delito donde el encarcelamiento no sea la principal estrategia.

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