Justicia ecuatoriana tramita primer caso de presunto crimen de lesa humanidad

Prisión preventiva, arresto domiciliario y prohibición de salir del país ordenó hoy la Justicia ecuatoriana en el primer caso de presunto crimen de lesa humanidad que llega a los tribunales, en el que se imputa a diez ex altos cargos militares y policiales por tortura, violencia sexual y desaparición forzada.

 

La audiencia de formulación de cargos, en la que el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, presentó el caso de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, terminó unas seis horas después de iniciada con la orden de prisión preventiva para tres de los imputados, dos militares y un policía en servicio pasivo.

 

Dos de los imputados y ahora con orden de prisión preventiva, están fuera del país y para ellos la Fiscalía podría analizar la extradición o deportación, entre otras medidas.

 

La jueza de garantías penales, Lucy Blacio, también ordenó el arresto domiciliario de seis altos cargos militares en servicio pasivo y sustituyó, por razones de salud, esa figura pedida para un séptimo por la de prohibición de salir del país.

 

La magistrada de la Corte, que abrió la instrucción fiscal por noventa días, ordenó también la enajenación de los bienes de los imputados, ninguno de los cuales estuvo en la audiencia, en la que los representaron sus abogados, quienes rechazaron la petición de la Fiscalía de medidas cautelares.

 

Las víctimas, Vaca, Cajas -asambleísta alterna por el movimiento oficialista Alianza País- y Jarrín, fueron detenidas en 1985, acusadas de tener vínculos con el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC), durante el Gobierno (1984-1988) del fallecido expresidente León Febres Cordero.

 

Vaca y Cajas, presentes en la audiencia coincidieron en calificar de "histórico" el día y expresaron su esperanza de que se siga el debido proceso en un caso cuya llegada a los tribunales han esperado más de 25 años.

 

Chiriboga sostuvo que hoy Ecuador "cumple con un compromiso internacional" para evitar la impunidad en el país una vez que la Corte ha aceptado tramitar un juicio de lesa humanidad y comentó que "es un gran salto que da la justicia ecuatoriana".

 

Entre 2007 y 2010, el Estado ecuatoriano investigó graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de la década de los 80, para lo cual conformó la Comisión de la Verdad, uno de cuyos casos es el que se presentó hoy.

 

Vaca, Cajas y Jarrín, este último residente en Brasil, tienen ahora cerca de 50 años, y fueron detenidos de forma "arbitraria", torturados y sometidos a violencia sexual, dijo recientemente a Efe el director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo.

 

Agregó que en este caso hubo también "desaparición forzada, porque se les detiene y las autoridades comienzan a negar que, en efecto, les tienen".

 

"Después de dos semanas de tortura y violencia sexual, a Susana Cajas y Javier Jarrín se les deja con las manos atadas en un potrero", relató, y añadió que instantes después un grupo de policías los detuvieron nuevamente, mientras Vaca estuvo detenido por casi tres años.

 

Marcelo Dueñas, abogado del único policía imputado en el caso, E. V., criticó el desempeño de Chiriboga en la audiencia oral en la que, en su opinión, "no pudo sustentar absolutamente nada" sobre la supuesta relación de su defendido con el caso.

 

"Dentro del expediente del fiscal, lamentablemente, hay pura elucubración y presunción", dijo Dueñas.

 

En opinión de Dueñas, "lo que están haciendo es maquillando el informe de una Comisión de la Verdad que fue manejada, que carece de todos los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, pero que fue creada con decreto ejecutivo para que haga lo que está sucediendo hoy", dijo.

 

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, presente en la audiencia, se solidarizó con las víctimas.

 

"Es buena hora de que seamos capaces de limpiarnos la cara, de hacer notar a nuestra sociedad y también a la comunidad internacional, que somos capaces de enfrentar estos aberrantes, execrables delitos que se cometieron", dijo.

 

La fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, presente en la audiencia, dijo que "los pueblos de latinoamérica han despertado no sólo en el reclamo de sus derechos sino también para diseñar políticas juntas, coherentes de todos los pueblos de América en pro de la justicia, de la verdad, la autodeterminación de los pueblos y sobre todo la independencia de cada uno".