Juez ordena al Estado resolver la crisis penitenciaria

Un tribunal aceptó este jueves 18 de marzo una acción de protección y ordenó al Estado a desarrollar una política pública integral para la vida digna de los presos en Ecuador, informó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) en un comunicado.

"El juez constitucional Ángel Mestanza aceptó la acción de protección con medidas cautelares en contra de ocho instituciones públicas por la falta de política pública integral de rehabilitación social", dice un comunicado de la ONG.

La decisión, agrega, "determina que se han vulnerado los derechos de las personas privadas de la libertad en Ecuador a la rehabilitación, a la igualdad y no discriminación, a la salud, educación, trabajo y a la seguridad penitenciaria".

El caso fue presentado en relación a la difícil situación del sistema penitenciario nacional, y después de que el pasado 23 de febrero murieron 79 reclusos en una serie de enfrentamientos entre bandas delictivas sin que las autoridades pudieran impedirlo por falta de recursos y planificación a largo plazo.

El recurso contra el Estado fue interpuesto por el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH - PUCE) y la Inredh a raíz de ese y otros muchos sucesos del mismo tipo pero a menor escala.

Según la solicitud de ambas organizaciones, "en el 2020 la reducción del presupuesto (en el sistema penitenciario) fue de 43% y en el 2021 se aumentó sólo 8 millones".

"Por esto, la planificación anual ha tenido que ser readaptada en relación con el presupuesto, lo que ha causado que aumenten los detenidos, los programas de rehabilitación se reduzcan y empiecen los primeros motines", agregaba el recurso.

- Exigencias al Gobierno -

La ONG destaca en su comunicado que, "después de declarar la vulneración de estos derechos" de los presos, el magistrado estableció como medidas de reparación integral que "se establezca una política pública integral, en la que participen las instituciones públicas demandadas, en el plazo máximo de un año".

También que "se garantice por parte del Estado un nivel de vida digno de las personas privadas de libertad, con el objetivo de evitar el hacinamiento" e "instaurar mecanismos diferenciados entre mínima, máxima y media seguridad".

Asimismo, ordenó al Estado a establecer políticas de capacitación para los agentes penitenciarios y tomar medidas radicales para erradicar el tráfico de armas y de drogas dentro de los centros penitenciarios.

A cargo de la defensa de los derechos de los presos, el tribunal puso a la Defensoría del Pueblo, que desde ahora deberá realizar informes trimestrales sobre el cumplimiento de la sentencia por el Estado y presentarlos a la corte.

La Defensoría había asegurado que existe una sobrepoblación en estos centros y que "existe una falta de equipos tecnológicos, limitado personal para el control de las personas recluidas, falta de espacios adecuados para la alimentación y estructura deteriorada".

En la diligencia, que se desarrolló de forma virtual, Luis Ricaurte, de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, consideró que no se demostró violación de derechos humanos alguna, mientras que la Procuraduría General del Estado adujo que no existían insumos para ratificar la violación de derechos humanos en este caso.

Ambos solicitaron que se revoquen las medidas cautelares que obligan al Gobierno a acciones inmediatas para eliminar la sobrepoblación carcelaria del país, petición rechazada por el Tribunal.