Indígenas marchan contra explotación petrolera

Decenas de indígenas del pueblo waorani, que habita en la selva de la Amazonia ecuatoriana, marcharon el jueves 11 de abril de 2019 en la localidad de Puyo (sur) contra la pretensión del gobierno de abrir sus territorios a la explotación de petróleo.

 

Luciendo penachos de plumas multicolores, representantes de 16 comunidades waoranis recorrieron varias calles entonando cánticos en su propio idioma en defensa de unas 180.000 hectáreas de su ancestral territorio en la parte norte de la provincia de Pastaza (cuya capital es Puyo), constató la AFP.

 

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Con un gran cartel con la leyenda "La selva es nuestra vida. No más petróleo", la caminata llegó hasta la unidad judicial de Puyo para el inicio de una audiencia, que llevaría varios días, sobre una demanda constitucional planteada por los waorani para suspender un plan gubernamental de licitación petrolera.

 

El proceso contra los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y de Ambiente busca mantener libre de actividades hidrocarburíferas el área selvática de esa etnia en Pastaza, indicó Nemonte Nenquimo, presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani.

 

La dirigente señaló: "Han venido a reclamar desde muy lejos, caminando ocho horas, algunos en canoas como tres días".

 

Los waorani, que también habitan otras provincias amazónicas y cuya población se estima en unas 3.000 personas, salieron desde sus aldeas para "reclamar" que el Estado respete sus territorios, agregó Nenquimo, añadiendo que allí "viven libremente, sanos y felices".

 

La actual constitución de corte socialista, en vigencia desde 2008, establece derechos para los indígenas como "conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles" y "mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita". 

 

El gobierno del expresidente socialdemócrata Rodrigo Borja (1988-1992) entregó títulos de propiedad de alrededor de un millón de hectáreas a comunidades aborígenes, aunque la riqueza en el subsuelo es de propiedad del Estado.

 

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La Carta Magna también contempla que habrá una consulta previa sobre planes de explotación de recursos no renovables que se encuentren en tierras de indígenas y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

 

En 2012, el Estado salió airoso en una consulta a los Waorani de Pastaza sobre la posibilidad de abrir sus territorios a la extracción y sus líderes se dijeron "engañados".

 

Oswando Nenquimo, portavoz waorani, manifestó: "El Estado (en) 2012 vulneró nuestros derechos de la consulta libre, previa e informada (...) Está el gobierno intentando vender nuestro territorio".

 

El pueblo waorani, que incluye dos clanes que se mantienen en aislamiento voluntario y son enemigos entre sí, pretenden obtener medidas de protección para evitar la licitación petrolera sobre sus territorios hasta que haya una nueva consulta.