Indígenas de la cuenca amazónica piden medios ante COVID-19 y cese de minería

Representantes de varios países que integran la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) denunciaron este viernes la "desatención" por parte de los gobiernos y organizaciones internacionales ante la COVID-19 y pidieron el cese de la minería ilegal en sus territorios.

 

Dirigentes de Perú, Venezuela y Ecuador, que integran la COICA, manifestaron en una comparecencia virtual su preocupación ante la falta de alimentos, insumos e información que ayude a evitar la propagación del coronavirus en las comunidades originarias.

 

"No solo se trata de que un indígena se contagie del virus, sino que un pueblo que es minoritario puede desaparecer de la Amazonía. Por eso pedimos a los gobiernos salvaguardar el sistema de vida de las comunidades", expresó el vicecoordinador de la COICA, Tuntiak Katan.

 

Conforman la coordinadora organizaciones indígenas nacionales de la cuenca amazónica en Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.

 

Dirigente de la nacionalidad shuar de Ecuador, Katan se quejó de que durante la actual emergencia sanitaria, "los gobiernos nos han dado la espalda" y recordó la importancia que han tenido los pueblos indígenas para sostener las economías nacionales.

 

En esa línea censuró que "históricamente los gobiernos han usurpado las riquezas naturales de nuestros territorios, vulnerando nuestros derechos".

 

Ante la supuesta inacción de las autoridades ecuatorianas, comentó, los pueblos han cerrado el acceso a sus comunidades, pero temen que personal de las empresas extractivas lleven el virus a sus territorios y contagien a los abuelos de la Amazonía, los más vulnerables.

 

"La minería ilegal y el extractivismo se han intensificado aprovechando la emergencia que viven los países, tenemos denuncias de Perú y Colombia donde mineros ilegales amenazan a las comunidades", advirtió el vicecoordinador de la COICA.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en una reciente resolución a los gobiernos de la región que se abstuvieran de realizar prácticas que vulneraran la especificidad de los pueblos indígenas, en concreto, actividades extractivas.

 

Los representes de los pueblos amazónicos lamentaron que pese a haber mantenido reuniones con autoridades gubernamentales, todavía no se concreta ninguna ayuda económica ni logística, así como tampoco la llegada de pruebas para detectar posibles contagios, lo que dificulta el conocimiento estadístico sobre la pandemia en sus territorios.

 

Por su parte, Gregorio Mirabal, del pueblo Wakuenai Kurripaco, de Venezuela, alertó de la desatención de los programas públicos hacia las comunidades.

 

"Los llamamos nuevamente, y por última vez, a que aborden con seriedad esta emergencia humanitaria y sanitaria, caso contrario les haremos responsables por las muertes que se avecinan", avanzó.

 

Este dirigente censuró que la ayuda humanitaria se distribuya "de acuerdo a los favoritismos y conveniencias políticas y electorales", y consideró que los pueblos indígenas "están ahora pagando el precio por resistir el atropello a nuestros derechos y a los derechos de la Tierra".

 

La organización transnacional anunció la creación de un "Fondo común de Emergencia Amazónica" para que gobiernos, entidades y ciudadanos de todo el mundo colaboren a fin de suplir la falta de cumplimiento de las obligaciones de los estados nacionales frente a la expansión de la COVID-19.

 

"Vemos la urgente necesidad de proteger a toda la humanidad frente al sunami de pandemias que se avecinan si no protegemos los bosques, no nos vean como víctimas, sepan que somos aliados clave para sanar nuestra casa común y asegurar el equilibrio planetario", concluyó Tabea Casique Coronado, del pueblo Asheninka de Perú.

 

Hasta la fecha los gobiernos de la cuenca amazónica no han ofrecido datos precisos sobre afectación del virus entre comunidades como las indígenas, pero de acuerdo a los dirigentes de COICA, en Brasil hay siete fallecidos, en Ecuador dos y en Colombia uno a causa de la COVID-19.