Habeas corpus a Jorge Glas y Daniel Salcedo tiene al menos seis irregularidades

El exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por actos de corrupción, nuevamente logró que un juez le otorgara habeas corpus y se pidiera su excarcelación; en esta ocasión, de la mano de Daniel Salcedo, implicado en la venta de insumos médicos con sobreprecio, durante la pandemia.

Ambos se encuentran todavía en prisión en la Cárcel 4 de Quito; las autoridades del Ejecutivo y Judicatura se resisten a aceptar la resolución del juez y han observado varias irregularidades en ese caso.

El habeas corpus de Jorge Glas y Daniel Salcedo no lo pidieron ninguno los dos. Fue un tercero que interpuso la solicitud a favor de Christian Araujo, condenado a 13 años de prisión por asesinato, quien cumplía su pena en la misma cárcel.

El juez utilizó la figura "intercomunis", es decir con un efecto extensivo a los dos privados de libertad, argumentando que existe una vulneración a sus derechos a la salud e integridad física.

A criterio de analistas y expertos consultados por Ecuavisa.com, esa figura no cabe porque debería tratarse de la misma causa del habeas corpus para los tres presos.

Pamela Aguirre Castro, experta en derecho constitucional, pone un ejemplo didáctico. Cabía una figura de ese tipo si los tres se hubiesen intoxicado con un mismo alimento y no hubiesen podido acceder a atención médica, lo que, en ese caso hipotético, hubiese derivado en una misma condición de salud y vulneración de derechos.

El primer caso de excarcelación de Jorge Glas se dio cuando un juez de Manglaralto, en Santa Elena, resolvió beneficiarle con un habeas corpus. En esa ocasión ya se observó la competencia territorial del magistrado, es decir, que desde esa provincia costera se ordenaba la liberación del exvicepresidente que permanecía en la Cárcel de Latacunga, ubicada en Cotopaxi.

El Tribunal Provincial de Santa Elena, que declaró la nulidad de esa decisión, determinó que la petición debió realizarse en el lugar de privación de libertad.

Ahora, es un juez de Portoviejo, en Manabí el que interviene, mientras Glas y Salcedo permanecen en una cárcel de Quito, en Pichincha. En el caso del exvicepresidente incluso hay otro habeas copus en trámite en la provincia en la que él se encuentra.

El juez Banny Molina actuó sin jurisdicción, según el Consejo de la Judicatura. Esta institución emitió un comunicado en el que indica que el magistrado estaba suspendido en el momento en el que se dictó el habeas corpus, porque previamente se dictó auto de llamamiento a juicio por el supuesto delito de prevaricato.

Fausto Murillo, presidente de ese organismo, presentó una denuncia por usurpación de funciones al emitir una resolución cuando no tenía potestad.

La boleta de excarcelación tiene un error, el número de cédula que está en el documento no le corresponde a Jorge Glas.

Además, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad dijo que no fue notificado del procedimiento y que se vulneró el derecho a la defensa de esa institución y de la Procuraduría y el Ministerio de Salud Pública.

Otra observación es que el documento fue emitido el 5 de agosto pero apareció en el Sistema Automático de Trámite Judicial (Satje) recién ayer, el 8 de este mes. El Consejo de la Judicatura indica que los jueces son los responsables de cargar esa información así como los documentos de las actividades jurisdiccionales.

El abogado constitucionalista Juan Francisco Guerrero identifica tres raíces del problema de la administración de justicia en Ecuador y la razón de irregularidades en torno a casos como el de Glas.

El primero es que los jueces que conocen temas constitucionales no tienen las bases necesarias para actuar de manera óptima. A su criterio hay una necesidad de que existan jueces especializados en esa materia.

Otro aspecto es que las normas procedimentales para la obtención de una garantía constitucional son muy flexibles, lo que provoca que en muchas ocasiones "jueces a la carta" actúen de manera discrecional.

En ese punto, la abogada Aguirre dice que el problema no está en las leyes, sino en la interpretación de las mismas, a conveniencia.

Un tercer componente es que los procesos de evaluación a los jueces son "complejos de llevar a cabo", según Guerrero. Además, precisa que "no es tan sencillo sancionar debidamente".

Siguiendo la lectura del abogado Joffre Campaña, los casos en los que se ha abusado de la justicia también atañan a otros poderes del Estado. Por ejemplo, dice que en todos los casos el Ejecutivo debería mantenerse al margen y respetar la independencia de funciones.

Los especialistas consultados también coinciden en que hay una responsabilidad de los abogados, los funcionarios y privados de la libertad que buscan a toda costa mecanismos de la justicia para su beneficio.

Procede la apelación. El SNAI o la Procuraduría deben presentar un recurso ante la Corte Provincial para que se determine si lo actuado fue en derecho.

Si en segunda instancia se ratifica la sentencia, la otra alternativa es presentar una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional.