El Gobierno aún no tiene una hoja de ruta para la prevención de desastres como el de Alausí, revela la Asamblea
El informe se remitirá a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado para que investiguen posibles responsabilidades penales por acción u omisión.
Ecuador aún no cuenta con una hoja de ruta para la prevención de riesgos y desastres; así lo determinó el informe aprobado el 19 de noviembre por el Pleno de la Asamblea Nacional. El documento reseña este y otros incumplimientos del Ejecutivo tras el deslizamiento ocurrido en el cantón Alausí, y la vulneración de los derechos de sus habitantes.
El pasado 26 de marzo de 2023, Alausí sufrió un deslave de grandes dimensiones al desprenderse parte de una de las montañas circundantes, lo que sepultó un sector de la población.
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En ese evento perdieron la vida 75 personas y nueve de ellas quedaron como desaparecidas después que las labores de rescate no lograran encontrar sus cuerpos entre la ingente cantidad de toneladas de tierra sobre la que decenas de casas quedaron sepultadas.
A pesar de ello, el Ejecutivo admitió en diversas comparecencias que aún no se han establecido acciones para la prevención de riesgos y desastres de este tipo. Justificaron el incumplimiento señalando que se encuentran socializando la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, publicada el 30 de enero de 2024.
Otros incumplimientos
El informe reseña otros incumplimientos, como la rehabilitación de la vía E35. Los legisladores concluyeron que, tanto en los Gobiernos de Guillermo Lasso como de Daniel Noboa, los titulares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no adoptaron medidas efectivas para la rehabilitación de la vía, incumpliendo con funciones constitucionales.
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Entre las recomendaciones se remitirá el informe a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado para que investiguen posibles responsabilidades penales por acción u omisión.
Además, la Comisión de Participación Ciudadana solicitó a la Secretaría de Gestión de Riesgos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Transporte y Obras Públicas que presenten un informe en un plazo de 15 días, sobre las acciones emprendidas en Alausí en relación con el deslave.
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