Furukawa pide el levantamiento de prohibición de enajenar bienes para vender haciendas y así indemnizar a extrabajadores por esclavitud

Furukawa, la empresa de capitales japoneses condenada por esclavitud moderna en Ecuador, solicitó a la Corte Constitucional le permita vender hasta 17 haciendas para, con ese dinero, pagar las millonarias indemnizaciones que este tribunal dispuso en favor de 342 extrabajadores considerados como víctimas.

La compañía, dedicada al cultivo de abacá, una planta parecida a la del plátano que se cosecha por su fibra para la industria textil, fue condenada por la Corte Constitucional a pagar más de USD 41 millones a los denunciantes.

La sentencia del tribunal constitucional consideró que Furukawa fue responsable por más de cinco décadas de un régimen de servidumbre de la gleba que anulaba la dignidad humana de los trabajadores.

Este consistía en "aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa durante varias generaciones, sin que puedan cambiar su condición".

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Si bien en un inicio Furukawa rechazó la sentencia y aseguró que era imposible de cumplir, la empresa explicó este miércoles en su comunicado que podrá atender los pagos de las indemnizaciones si la Corte Constitucional permite que se levante la prohibición de enajenar bienes.

"Esta medida es esencial para que proceda a la venta de dichos activos y generar los recursos necesarios para cumplir con el primer pago estipulado en la sentencia, ya que sin esta medida la empresa no estaría en capacidad de dar cumplimiento. Actualmente, está a la espera de una respuesta favorable que viabilice este proceso", apuntó Furukawa.

De forma paralela, la compañía precisó que "ha avanzado en la implementación de acciones concretas para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial".

Para ello, la empresa ha estado en contacto con la Defensoría del Pueblo para la verificación de las cuentas bancarias de los beneficiarios y para conocer quiénes de ellos estarían dispuestos a recibir tierras como parte de su compensación.

También ha requerido información sobre si estas personas residen actualmente en las 294 hectáreas que fueron invadidas desde 2019. La empresa aguarda la respuesta oficial de la Defensoría para proceder conforme a la normativa establecida.

"La pronta intervención de la Corte Constitucional es clave para alcanzar una solución justa y sostenible. Furukawa reitera su disposición al diálogo y su compromiso de continuar trabajando con las autoridades para garantizar el cumplimiento de la sentencia en beneficio de todas las partes involucradas", señaló la empresa.

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El gerente de Furukawa, Guido Páez, afirmó que el objetivo de la compañía es "cumplir con la sentencia y, al mismo tiempo, seguir generando empleo y fortaleciendo el sector del abacá en Ecuador". "Desde el 2019 somos una empresa renovada, comprometida con la legalidad y el bienestar de nuestros trabajadores", enfatizó.

Desde la nueva administración, la empresa aseguró que ha implementado estándares de sostenibilidad ambiental, responsabilidad económica y compromiso social, cumpliendo con la normativa vigente. Actualmente, Furukawa cuenta con 92 empleados, quienes mantienen condiciones laborales y de vida dignas.

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En enero, los afectados criticaron en un comunicado las disculpas ofrecidas por Furukawa al considerarlas una "burla" hacia los trabajadores y un nuevo atentado contra los derechos humanos de los abacaleros, específicamente, el derecho a la reparación integral.

De acuerdo a ellos, dicho acto de disculpas "no fue dialogado ni acordado con las víctimas" y la empresa "llegó de sorpresa, acompañados por la Policía y sin notificación a las 342 víctimas reconocidas ni a sus representantes legales", por lo que el acto se realizó ante "un muy pequeño grupo de trabajadores que no son víctimas del caso".

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