Funcionarios del Consejo de la Judicatura exigen su desvinculación para acceder a la jubilación

Más de 100 funcionarios del Consejo de la Judicatura (CJ) piden su desvinculación después de haber trabajado casi 30 años en esa institución.

Desde el 2019, los servidores realizan procesos legales para obtener su jubilación del cargo al que pertenecen. Sin embargo, según el grupo afectado, lo único que han recibido ha sido "silencio administrativo" desde la presidencia de la Judicatura.

En las filas de los funcionarios constan personas que superan la tercera edad. Algunos, incluso, padecen enfermedades degenerativas o catastróficas. Aun así, tienen que seguir acudiendo a las distintas instalaciones del CJ para trabajar día a día.

Manuel Armijos Granda lleva ejerciendo como abogado representante de la Judicatura por 33 años. Cuenta que para llegar a su puesto primero tuvo que cumplir cuatro años de servicio militar. Dice que, a pesar de ser parte de un espacio tan importante como lo es el Tercer Poder del Estado, él y sus compañeros han sido completamente marginados en la última década.

Soledad Carrera tiene 62 años y trabaja en la Unidad Judicial de la ciudad de Ibarra. Relata que ha trabajado más de 42 años para la institución. Lo único que pide, igual que sus otros compañeros, es una desvinculación definitiva y el pago de su bono.

"Por obligación, el Estado debería inyectar recursos económicos para procesar nuestra jubilación, pero no lo hacen. Ni siquiera tenemos papel bond, pero prefieren gastar el dinero en otras cosas", aseveró Armijos.

En efecto, así se estipula en los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Quienes cumplan con los requisitos de jubilación deben acceder a ese beneficio, para lo cual se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente.

Los servidores que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, contados a partir del quinto año; y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total.

Los afectados describen su situación como inhumana, algo que vulnera los derechos a la jubilación universal de los 100 funcionarios del Consejo de la Judicatura. Para ellos, la responsabilidad recae en la Presidencia del Consejo y en la Dirección Nacional de Talento Humano.

"Lo que nosotros requerimos para el pago de todos nuestros servicios es USD 10 millones, pero ellos prefieren gastar USD 20 millones en adquisición de nuevos empleados que ni siquiera trabajan. Lo único que hacen es inflar el personal administrativo y gastar en infinidad de sillas y computadoras" concluyó el abogado Armijos.

Ecuavisa intentó conseguir una entrevista con el presidente y/o un representante del Consejo de la Judicatura; sin embargo, hasta el cierre del reportaje no se obtuvo respuesta alguna. Por su parte, el grupo de funcionarios buscará entablar un diálogo con el Defensor del Pueblo y el presidente de la Corte Nacional de Justicia para buscar una solución definitiva al caso.