Fiscalía expresa "preocupación" ante la aprobación de la Ley de violencia digital

El pasado 7 de abril, la Asamblea Nacional aprobó con 107 votos afirmativos el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, para "Prevenir y Combatir la Violencia Sexual Digital y Fortalecer la Lucha contra los Delitos Informáticos", según reza el comunicado del legislativo.

Con ello afirman el país será pionero, a nivel de la Región, en impulsar una legislación sobre la ciberdelincuencia.

Ante ello la Fiscalía General del Estado (FGE) expresó a través de su cuenta de Twitter: "preocupación debido a que -al contener disposiciones reformatorias al COIP que mermarían las acciones penales que impulsa esta Institución- afecta de forma directa la lucha contra el crimen", afirmó en comunicado.

Además, señaló que la Ley reforma el artículo 178 del COIP y elimina la excepción que "consta en el segundo inciso de la redacción actual- de la comisión del delito a la violación de la intimidad cuando una persona divulga grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, y cuando se trata de información pública, de acuerdo con lo previsto en la Ley". Esto, señala la institución causa un efecto "negativo en las investigaciones penales que dirige la FGE, tomando en cuenta que muchas de las evidencias importantes que permiten develar grandes tramas de corrupción, delincuencia organizada y otros tipos penales, se producen y obtienen mediante esta clase de excepciones, contempladas actualmente en la norma penal ecuatoriana", afirmó.

La Fiscalía resaltó que con la aprobación de la Ley se "elevaría el índice de impunidad, pues dichas actuaciones se considerarían ilegales y, por ende, no podrían ser utilizadas como prueba en los juicios penales". Asimismo concluyó que esta preocupación la comparte al igual con diversos sectores ciudadanos sobre "la importancia de la protección de sus derechos -en este caso el derecho a la intimidad".

Sin embargo, resaltó que "ninguna norma debería propender a garantizar la impunidad, sobre todo en un momento en el que el combate a la corrupción representa uno de los mayores retos y anhelos del país". La institución informó que en los próximos días remitirá un informe técnico a la Presidencia de la República, de manera que "sea tomado en cuenta para su análisis".