Exfuncionarios del correísmo y el cabecilla de una banda han salido de la cárcel sin cumplir sus condenas

En Ecuador, existen beneficios penitenciarios y recursos constitucionales que permiten a los sentenciados salir de prisión antes de cumplir su pena. Pero las autoridades de Gobierno han denunciado que existiría un abuso de recursos judiciales.

El más reciente caso es el de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia durante el Gobierno de Rafael Correa, quien acaba de recibir una medida cautelar provisional y orden de libertad por parte de un juez de Yaguachi, provincia del Guayas.

El juez ordenó que salga de la cárcel pese a que Pablo Romero fue condenado a 9 años de prisión por el secuestro del político Fernando Balda, y hasta el momento solo ha cumplido 3 años y un mes; es decir, un tercio de la pena.

Pero este no es el único caso. Hace menos de dos meses fue liberado el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, condenado a 8 años de prisión como autor de cohecho en el ‘caso Sobornos’.

Mera solo cumplió 2 años y 5 meses en la cárcel, gracias a la prelibertad otorgada por un juez de Ambato, quien sumó el tiempo que estuvo en arresto domiciliario y le concedió el recurso.

Mientras el cabecilla de Los Choneros, Junior Roldán, pese a que tiene 9 condenas, varias por asesinato, también se benefició de la prelibertad y de un habeas corpus, con informes favorables del Snai.

Alias JR tenía grillete electrónico y desde que sufrió un ataque armado en El Triunfo, en el cual resultó herido, se lo quitó y ahora nadie sabe su paradero.

Antes, fue el exvicepresidente de la República Jorge Glas quien abandonó la cárcel, en noviembre de 2022, por una medida cautelar provisional concedida por un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Glas tiene dos condenas en firme por asociación ilícita y cohecho en los casos Odebrecht y Sobornos, la primera de 6 años de prisión y la segunda de 8. El tiempo que cumplió fue 5 años.

El exjuez y penalista Fausto Vásquez advierte que este tipo de casos dejan en la opinión pública una sensación de impunidad.

"El Estado, en definitiva, le queda debiendo a la sociedad porque una persona que ha infringido el ordenamiento jurídico, parece que se hace del mismo ordenamiento para recuprar la libertad que perdió porque ha cometido un delito".

Estos beneficios legales y constitucionales son independientes. Se conceden pese a que los sentenciados no han pagado millonarias indemnizaciones al Estado, que son parte de sus condenas.