18 mar 2022 , 20:32

Estos son los bienes que el Estado incautó a los hermanos Isaías, que ahora reclaman $ 2 mil millones tras haber sido declarados inocentes de peculado

Según la Procuraduría General del Estado, fueron más de 200 empresas y otros bienes confiscados.

   

La madrugada del 8 de julio de 2008 el país amaneció con la noticia sobre el allanamiento a las empresas de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum. El entonces presidente Rafael Correa aseguraba que el Estado no se quedaría con bienes como medios de comunicación, que los vendería, decía, pero no lo hizo.

La ahora desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) incautó los bienes de los Isaías para garantizar el pago de las acreencias a los depositantes de Filanbanco, entidad financiera de su propiedad que quebró en el feriado bancario.

Fue un operativo simultáneo que hizo la AGD bajo control del gobierno de Correa, que tenía un año y medio en el poder.

El ofrecimiento de Correa fue vender los bienes para recuperar el dinero e indemnizar al Estado, como a los depositantes perjudicados por la quiebra de Filanbanco, propiedad de los Isaías.

Según la Procuraduría General del Estado, fueron más de 200 empresas y otros bienes confiscados, entre esos constaban: Eica, importadora de maquinaria agroindustrial; el ingenio azucarero EQ2; once medios de comunicación como los canales de televisión TC, Gamavisión, TVCable y varias radios; las imprentas Maxigraf y Megagraf; la empresa de mensajería y paquetería Servientrega.

También haciendas y lujosas viviendas pasaron al fisco, entre las propiedades consta esta mansión ubicada en Lumbisí, nororiente de Quito, donde el correísmo instaló la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

Algunos bienes fueron subastados como la colección de autos clásicos, obras de arte, pintura colonial.

En su momento, una auditoria internacional estimó en 661 millones de dólares los bienes incautados por el Estado a los hermanos Isaías, pero su defensa dice que lo confiscado sobrepasó ese valor y ahora ellos reclaman no menos de dos mil millones de dólares como indemnización después de que la Corte Nacional de Justicia determinó que no cometieron peculado.

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