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Las más afectadas son Imbabura, Napo, Chimborazo, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. La cercanía de esas localidades con las fronteras de Perú y Colombia son esenciales para el comercio ilícito de oro.
Mientras los grupos indígenas se resisten a las concesiones mineras, hay otros territorios, en al menos 17 provincias, endonde todavía hay minería ilegal. Se han realizado más de 400 operativos para frenar esa producción ilícita, según la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales no Renovables.
Las localidades más afectadas son Imbabura, Napo, Chimborazo, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. La cercanía de esas localidades con las fronteras de Perú y Colombia son esenciales para el comercio ilícito de oro, el contrabando de explosivos, mercurio, armas, entre otros materiales.
Su impacto ambiental es más grave que el de la minería formal precisamente por no ser controlada. Las piscinas con mercurio contaminan la tierra y las fuentes de agua, incluso si quieren hacer trabajos de remediación, quedan rastros de los químicos altamente tóxicos.
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Huellas que se siguen viendo cerca del río Jatunyacu frente a las comunidades amazónicas de Yutzupino en Napo dlnde el 2022 hubo intervención para desalojar a 700 mineros ilegales que usaban 40 maquinarias.
No hay reportes de que las agrupaciones indígenas se enfrenten a esas organizaciones mineras que en su mayoría están vinculadas al narcotráfico y que generalmente tienen hombres armados resguardando esos territorios, al punto que incluso incluso las autoridades tienen dificultades para ingresar.
En medio de esta clandestinidad se arma una microeconomía ilegal donde se promueven otras actividades clandestinas como prostíbulos, bares, y la contratación de inmigrantes indocumentados.
Un panorama similar ocurre en Imbabura, específicamente en la Merced de Buenos Aires. Los mineros informales siguen explotando material aurífero. Eso ocurre porque aún hay bocaminas que no se han cerrado tras el desalojo masivo que el gobierno de la época hizo en el 2019.
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