¿El presidente Lasso puede pedir la renuncia al vocal del Consejo de la Judicatura?

El presidente Guillermo Lasso envió una carta al vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Xavier Muñoz, solicitándole la renuncia. Esta acción es calificada como un "desacierto", por decenas de comentarios en redes sociales y de acuerdo con el criterio de los abogados constitucionalistas Pamela Aguirre Castro y Paúl Córdova.

En el inicio de la misiva, el Primer Mandatario explica que el Consejo de la Judicatura se integra por los delegados de las diferentes funciones del Estado y dice que de esta manera existe un "adecuado equilibrio institucional".

A continuación indica que no existe un "vínculo" entre el vocal y el Presidente y que no se siente representado por las "actuaciones frente de la institución" y resalta que no fue designado durante su Gobierno.

Para los expertos, esta interpretación es errónea. Si bien es cierto que la Función Ejecutiva remite una terna, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) quien escoge al vocal que integrará al Consejo de la Judicatura, tras un concurso de méritos y oposición.

Es más, la designación de un vocal del Consejo de la Judicatura ni siquiera coincide con el tiempo de vigencia de un Presidente en el poder. En el primer caso son seis años de funciones; mientras que en el segundo, solo cuatro, tal como dicta la Constitución.

El abogado Paúl Córdova enfatiza en la independencia de funciones. Explica que ningún vocal del Consejo de la Judicatura debe responder a la autoridad que envió su nombre entre las ternas. Por el contrario, debe centrarse en "velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial", como dicta la Carta Magna.

"El Presidente comete el error de considerar que es un delegado y que representa a los intereses de la Presidencia", señala la abogada Pamela Aguirre Castro. Y explica que el CJ goza de independencia externa, es decir, de presiones de otras instituciones del Estado.

En una reunión con editorialistas de diario Expreso, el presidente Guillermo Lasso acusó a Muñoz de actos de corrupción.

La corrupción es un delito. De existir la sospecha de que una persona incurre en actos de este tipo, lo que procede es presentar una denuncia ante la Fiscalía, según los expertos y la norma.

La Fiscalía realizaría las investigaciones sobre el cometimiento de un posible delito, y de tener indicios, llamaría a juicio para que la persona señalada tenga derecho a defenderse.

El Jefe de Estado no especificó los actos de corrupción, pero en caso de tratarse de un escenario de malversación de fondos públicos también podría interferir la Contraloría, según Córdova.

Cabe también una investigación administrativa, al interior del Consejo de la Judicatura, con base en las normas que haya irrumpido uno de sus miembros.

La vía política también sería otra opción, a través de un juicio político. En la Asamblea Nacional ya está vigente un proceso de este tipo contra los vocales: Fausto Murillo, Ruth Barreno, Juan José Morillo y la expresidenta de esa institución, María del Carmen Maldonado.

La bancada oficialista podría presentar ese juicio político. Pasar del Consejo de Administración Legislativa y tener los votos favorables en la Asamblea sería un verdadero reto, frente a la nueva mayoría que se conforma en el Pleno; a pesar de que la vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, pertenezca a las filas de CREO.

Sin embargo, aunque se logre la salida de Muñoz, el presidente Guillermo Lasso no tiene la facultad de nombrar un nuevo vocal, sino que le sucedería en el cargo la vocal suplente, también designada por el expresidente Lenín Moreno.