José Luis Guerrero es imputado por los incidentes ocurridos en la revuelta policial del 30-S.
El Gobierno negó hoy que la República Checa haya dado asilo al abogado ecuatoriano José Luis Guerrero, imputado por los incidentes ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando, según el Ejecutivo, se produjo un intento de golpe de Estado contra el presidente Correa.
En esa fecha, cientos de policías que reclamaban mejoras salariales mantuvieron retenido casi todo el día en un hospital de la institución a Correa, quien fue liberado en la noche en medio de un operativo de fuerzas especiales del Ejército.
Guerrero es uno de los encausados en un proceso incoado por la Fiscalía ecuatoriana por unos sucesos acaecidos en esa fecha en la sede de la televisión pública Ecuador TV, donde un grupo de manifestantes irrumpió de forma violenta.
Durante los incidentes se produjo rotura de puertas, ventanales y otros daños materiales.
El secretario nacional de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado, en una carta dirigida señaló que la afirmación del abogado, que aseguró haber recibido asilo político en la República Checa, "se basa en informaciones especulativas allegadas al propio Guerrero" y que el Gobierno checo no ha confirmado el asilo.
Según Guerrero, el Ministerio del Interior checo atendió favorablemente su petición de protección internacional al constatar que "fue perseguido en su país por ejercitar sus derechos y libertades" en el sentido que especifica la legislación checa.
"Lo que realmente hacían 'Los Trece' (el grupo que protagonizó los incidentes) era protestar pacíficamente a favor de la libertad de expresión y así concienciar a la ciudadanía contra la aprobación de la nueva Ley de Comunicación Pública, conocida también como Ley Mordaza", señaló Guerrero a Efe el pasado 21 de octubre.
Sin embargo, Alvarado explicó en su carta que "el Ministerio de Justicia de Ecuador está reuniendo la información solicitada por República Checa para estudiar la solicitud de extradición interpuesta por el Estado ecuatoriano".
Agregó que "es absolutamente falso que Guerrero haya sido "perseguido en su país por ejercitar sus derechos y libertades" y que el citado grupo protestara a favor de la libertad de expresión.
También considera "falso" otro argumento de Guerrero, quien dijo que el presidente Correa aprovechó los sucesos del 30 de septiembre de 2010 "para castigar de forma ejemplar a activistas disidentes y librarse de personas incómodas".
El secretario nacional de Comunicación sostiene que Guerrero y un hermano suyo (Pablo) "apoyaron y promovieron el levantamiento policial" de esa jornada y que no se les imputan delitos políticos, pues los daños ocasionados están recogidos en el artículo 158 del Código Penal.
Alvarado recuerda que en agosto de 2011 comenzó el proceso contra las trece personas implicadas en los sucesos acaecidos en Ecuador TV y el juez ordenó prisión preventiva contra seis de ellos, incluidos los hermanos Guerrero.
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