Ecuador exigirá a migrantes venezolanos certificado de validez de su cédula

Tras conocer la decisión de la jueza Judith Naranjo, que dejó sin efecto la exigencia del régimen de pedir pasaporte a los venezolanos que entren al Ecuador, el Gobierno del presidente Lenín Moreno indicó este viernes 24 de agosto de 2018 que “acata la resolución en respeto a la independencia del poder judicial y a los principios democráticos”. 

 

 

 

 

 

 

Según un boletín de la Secretaría de Comunicación (Secom), el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo en el que se establece que ahora se validará la cédula de identidad de los venezolanos tomando en cuenta 2 puntos:

 

 

 

-Con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por un organismo regional o internacional reconocido por el Gobierno de Ecuador.

 

 

-Con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por las entidades autorizadas por el Gobierno de Venezuela, debidamente apostillado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El régimen ecuatoriano asegura estar “preocupado por la falta de voluntad política del Gobierno de Venezuela para buscar soluciones democráticas al problema generado por una administración irresponsable e inhumana”.

 

 

 

El acuerdo respetará los protocolos del Gobierno “para atender prioritariamente a las personas vulnerables y garantizar la reunificación familiar con arreglo a las disposiciones de la legislación nacional”.

 

 

 

La jueza aceptó este 24 de agosto de 2018 el pedido de medidas cautelares, interpuestas por la Defensoría del Pueblo, sobre el requisito de pedir pasaporte a los ciudadanos venezolanos que ingresen a Ecuador.

 

 

Otorgó 45 días al Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente a la Subsecretaría de Movilidad Humana, para elaborar un plan integral que apunte a regular el flujo migratorio.

 

 

 

 

 

 

 

La medida del Gobierno de solicitar pasaporte a los venezolanos estaba vigente desde el 18 de agosto de 2018. El argumento del Ejecutivo fue que la cédula venezolana no contaba con las garantías de seguridad necesarias para su identificación.