Ecuador: cárceles y violaciones a Derechos Humanos

La masacre del pasado 23 de febrero, en donde 81 personas privadas de libertad fueron asesinadas, no es algo nuevo.

En 2018, 20 personas murieron de forma violenta dentro de las cárceles del país. En 2019, fueron 33 recluso asesinados. El 2020, 34 reos más. Este año, apenas es febrero y se duplica la cifra. Según las autoridades es la consecuencia de la delincuencia organizada que opera en nuestro país.

Pero no es el único problema.  Hay hacinamiento, falta servicios básicos, las cárceles tienen infraestructuras deterioradas y un déficit de personal penitenciario. El sistema de justicia tiene parte de responsabilidad y, por otro lado, no existe una correcta rehabilitación para un reinserción a la sociedad.

Las PPL son prioridad para el Estado

Según el artículo 35 de la Constitución del Ecuador “las personas privadas de libertad son de atención prioritaria para el Estado…  recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”.

El abogado especialista en Derechos Humanos, Efrén Guerrero,  explica que cuando una persona está en una cárcel porque cometió un delito y está cumpliendo una pena no puede trabajar ni valerse por si mismo, por eso, el Estado es el responsable y debe garantizarle: alimentación, salud, etc. Y lo más importante "una rehabilitación social para que la razón por la que cumple la condena no se repita".

Para Guerrero  “El estado debe asegurarse que no existan mafias, no es tan simple como culpar a las mafias y ya. El Estado debe responder por la masacre en los centros penitenciarios”.

La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito establece el uso de las conocidas Reglas Nelson Mandela, para el trato de los reclusos. Son 122 normas que los estados deben cumplir para brindar garantías básicas de vida, seguridad por encontrarse en situación de vulnerabilidad, un trato diferenciado entre los sentenciados y los que tienen prisión preventiva. Además, una correcta rehabilitación social.

Aquí falla el Estado. Los reos están expuestos a amenazas y extorsiones. Una persona que ingresa a una cárcel por un delito menor es obligada a varias situaciones para poder ser protegida o simplemente tener un colchón donde dormir o comida 

Jéssica Jaramillo, Presidenta de la Fundación Contra la Violencia, asegura “El Estado Ecuatoriano ha ratificado normas internacionales para cuidar de las personas privadas de libertad. Se ha comprometido a defenderlos…Obviamente eso no se cumple y sí hay violaciones a los derechos humanos”.

Paulina Araujo, abogada experta en materia penal, coincide en que hay graves violaciones a los derechos humanos. Y dice: “No todos los que están en la cárceles son culpables”. Y recalca "por cumplir una condena no dejan de ser personas".  “El estado es garante directo de la vida de una persona dentro de los centros penitenciaros”.

La sobrepoblación carcelaria

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Jóvenes Infractores (SNAI),  cuenta con 53 cárceles del país ubicadas en 20 provincias. Tienen la capacidad de recibir a 28.554 personas, pero a enero de 2021 hay 38.363, es decir, el hacinamiento es del  28,31%.  Solo entre agosto y diciembre de 2020, 1.132 personas ingresaron a los centros penitenciarios.

Según la norma internacional, dentro de una celda debe permanecer un recluso, máximo dos. En Ecuador, hay entre cuatro o cinco personas en un espacio reducido.  La misma norma dice que por cada diez reclusos debe existir un guía penitenciario. La realidad en el país es que un guía tiene que cuidar a 30 reos.

Además, hay denuncias por falta de agua, útiles de aseo, colchones, cobijas, mala alimentación, mala iluminación, etc.

Varias veces, Naciones Unidas ha hecho recomendaciones a Ecuador para que mejore las condiciones de vida de los reclusos en las cárceles, pero parece que todo empeora.

Medidas de austeridad afectaron al sistema penitenciario

El Gobierno de Lenin Moreno dos veces declaró el Estado de Excepción en los centros carcelarios, con ampliaciones de 30 días, para controlar la violencia y otorgar más recursos pero no ha servido de mucho.

Según los cálculos del propio SNAI, el déficit en el personal encargado de garantizar la seguridad de las prisiones es del 70%.

En  junio de 2019 el gobierno aprobó el  proyecto de transformación del sistema de rehabilitación social, que requería una inversión de $ 38,8 millones de los cuales 1,7 millones se usaron en ese mismo año. El resto debía usarse en 2020 pero el Ministerio de Finanzas lo redujo de $ 18,1 millones a $ 1,8 millones.

Según Jéssica Jaramillo, el presupuesto se va en gasto corriente, que puede ser alimentación y sueldos pero muy poco se dedica a proyectos para que los reos tengan una reinserción social, es decir, cursos, actividades, universidades, tratamiento psicológico, etc.

Según el Código Integral Penal, el Estado debe garantizar la reinserción laboral luego de que una persona cumpla su condena, pero no es real. “Las personas que entran y se dedican a cometer nuevos delitos y salen peor”, asegura Araujo.

Por otro lado, en el año 2010 se inauguraron 3 nuevas cárceles en Cotopaxi, Azuay y Guayas pero las 50 restantes tienen problemas de infraestructura que complica aún más la vida dentro de un centro penitenciario.

Más jóvenes en las cárceles

De todo el universo de personas detenidas en las cárceles alarma que el 40% no tienen sentencia. 

El 26% de los reos están por delitos relacionados con drogas. El 28%, por delitos contra la propiedad privada. El 17%  por violencia sexual. El 14% delitos contra la inviolabilidad de la vida. Solo el 5% de las PPL son por asociación ilícita y delincuencia organizada. El resto es por delitos menores.

El 46% de los detenidos son hombres y mujeres de entre 18 y 30 años. El siguiente grupo es de 31 a 40 años que representa el 30%. El 14% el para personas de entre 41 y 50 y el 7% de 51 a 61 años.  El resto de 64 años en adelante. 

Durante la pandemia, algunos reos tuvieron medidas sustitutivas y lograron salir para enfrentar su proceso en libertad.

Para Jéssica Jaramillo existe un abuso de la prisión preventiva y por eso se llenan las cárceles. “Ya sea porque el caso es mediático o porque existe presión por parte de la fiscalía y abogados”

Paulina Araujo coincide en que la prisión preventiva es "excepcional".  Otro de los problemas en las cárceles es que “se mezcla a la gente que cumple sentencia con gente que puede ser inocente". "Entran por una razón y pueden salie peor".

Según las regla Mandela se debe diferenciar a las personas con sentencia de las sin sentencia y luego, de acuerdo, con los tipos de delitos y peligrosidad, justamente para precautelar la vida. 

Amnistía Internacional          

Según un comunicado del pasado martes 24 de febrero, Amnistía Internacional pidió al Gobierno ecuatoriano rendir cuentas tras los sangrientos enfrentamientos registrados en cuatro cárceles del país porque "no pueden eludir su responsabilidad atribuyendo los hechos solo a disputas entre organizaciones delictivas".

"La violencia registrada… se produce en un contexto de ausencia de políticas públicas que aborden los problemas estructurales de los centros penitenciarios del Ecuador”, dice el boletín informativo