Dolor y esperanza en primer caso de crimen de lesa humanidad en Ecuador

Susana Cajas, una de las víctimas del primer caso que llegó hoy como causa de crimen de lesa humanidad a las cortes ecuatorianas, revivió momentos de dolor ocurridos hace casi treinta años, pero también expresó la esperanza de que termine la impunidad y se pueda recontar la historia del lado de los afectados.

 

La Fiscalía de Ecuador pidió hoy medidas cautelares contra nueve militares y un policía, entre coroneles y generales en servicio pasivo, en el caso de "Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín", por presunto crimen de lesa humanidad, que incluye supuestos delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada.

 

La Corte Nacional de Justicia ordenó la prisión preventiva de tres altos cargos en servicio pasivo entre militares y policías, el arresto domiciliario de seis militares y la prohibición de salida del país de un séptimo, así como la enajenación de los bienes de todos.

 

Cajas, presente en la audiencia de formulación de cargos, tuvo que escuchar el relato de Chiriboga, que recordaba cuando ella y sus tres compañeros, vinculados al grupo subversivo "Alfaro Vive Carajo", fueron detenidos arbitrariamente.

 

A su lado también estuvo Luis Vaca, quien pasó detenido cerca de tres años y quien también escuchó detalles de su confinamiento en un reducido cuarto con mínima comunicación.

 

Cajas recibió con "sentimientos encontrados" la aceptación de las medidas cautelares por parte de la Corte, a la que no se presentó ninguno de los imputados: seis generales y cuatro coroneles, todos en servicio pasivo.

 

Por un lado, dijo a Efe, hay el "dolor" de recordar: "Uno se da cuenta realmente (de) las consecuencias y el daño que dejó esa experiencia, esa violación de derechos humanos".

 

"Sin embargo, creo que también es un momento de mucha esperanza de manera personal y de todas las víctimas de violación de derechos humanos. Es un hito en la historia de búsqueda de la verdad", comentó, al apuntar que se está "cumpliendo con una deuda" que tenían hacia la juventud del país.

 

"Hay una generación que no conoció esta historia, que no conoció que hubo un gobierno que violó los Derechos Humanos", sobre todo de los jóvenes que pensaban diferente, indicó.

 

Consideró que el proceso judicial "permite saldar esta deuda, recuperar la memoria, recontar una historia desde unos afectados por un gobierno que defendía intereses oligárquicos y tiránicos (...) y también la esperanza al resto de víctimas (de) que puede hacerse justicia".

 

En la audiencia que duró unas seis horas, estuvieron presentes exmiembros de "Alfaro Vive Carajo", al que Cajas definió como "un grupo subversivo que escogió la lucha armada como una propuesta política de construcción de un proyecto político".

 

Cajas aseguró que el proceso no es una venganza, "es una exigencia de que se haga justicia" y se mostró preocupada porque ninguno de los imputados estuvo presente en la audiencia de formulación de cargos, en la que los representaron sus abogados, quienes rechazaron las medidas cautelares.

 

Asimismo, dijo que es "preocupante" que dos de los imputados hayan salido del país y añadió que espera un debido proceso para todos.

 

Para Cajas, asambleísta alterna por el movimiento oficialista Alianza País, el Estado ecuatoriano está cumpliendo con su "responsabilidad" de demandar y resolver casos de crímenes de lesa humanidad.

 

Aparte del caso presentado hoy por la Fiscalía ante la justicia, en lo que llamó un "momento histórico", Cajas interpondrá próximamente una acusación particular sobre el mismo asunto.

 

Las víctimas, Vaca, Cajas y Jarrín, el último residente en Brasil, fueron detenidas acusadas de tener vínculos con el grupo AVC, durante el Gobierno (1984-1988) del fallecido León Febres Cordero.

 

Las tres víctimas, que tienen ahora cerca de 50 años, fueron capturados en 1985 de forma "arbitraria", torturados y sometidos a violencia sexual, dijo recientemente a Efe el director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo.

 

Agregó que en este caso hubo también "desaparición forzada, porque se les detiene y las autoridades comienzan a negar que, en efecto, les tienen".

 

"Después de dos semanas de tortura y violencia sexual, a Susana Cajas y Javier Jarrín se les deja con las manos atadas en un potrero", relató y añadió que instantes después un grupo de policías los detuvieron nuevamente, mientras Vaca estuvo detenido por casi tres años.