Despenalizar aborto por violación se exigió en exteriores de la Asamblea
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, portaban los característicos pañuelos verdes.
Unas 70 personas se manifestaron a favor de la despenalización del aborto en casos de violación afuera de la Asamblea Nacional de Ecuador, que debate reformas penales, incluida una que ampliaría las causales en las que se permite la interrupción del embarazo.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres que portaban pañuelos verdes con los que se identifica la causa, encendieron velas a los pies de los policías que resguardaban la sede en Quito. Otros armados de tambores cantaban consignas como "si el papa fuera mujer, el aborto sería ley".
Debemos "estar atentos a la votación de quienes nos están representando en el parlamento, en una Asamblea que no puede seguir indolente, que no puede seguir cómplice del dolor de las muertes y del sufrimiento que estamos viviendo las mujeres", dijo a la AFP Alejandra Apolo, una abogada de 26 años que asistió a la manifestación.
Dentro de la Asamblea, los legisladores participaban del segundo y último debate en torno a las reformas planteadas al Código Integral Penal (COIP). Hubo 15 intervenciones antes de que la sesión fuera suspendida.
Está previsto que el análisis se retome el próximo martes 13 de agosto.
Con carteles en los que se leía "sobrevivir a un aborto es privilegio de clase", los manifestantes exigían a los asambleístas despenalizar el aborto en todos los casos de violación.
En Ecuador, una nación conservadora, solo se permite la interrupción del embarazo cuando la madre está en riesgo o si el embarazo es producto de una violación a alguien con discapacidad mental. La legislación ecuatoriana sanciona con cárcel de seis meses a dos años a las mujeres que abortan.
"Creemos que el aborto por violación es un derecho mínimo que tenemos las mujeres, un derecho mínimo para garantizar la vida y la salud de las mujeres", expresó a la AFP Micaela Camacho, una activista feminista de 21 años.
Organizaciones feministas ecuatorianas sostienen que cada año aproximadamente 2.500 menores de 14 años dan a luz en el país y que esos embarazos son producto de violencia sexual, pues según la legislación ecuatoriana toda relación íntima con menores de 14 años es considerada una violación.
Camacho confió en que los asambleístas elegirán "principios científicos y bajo pruebas sociales porque el embarazo infantil es un hecho y el aborto por violación es una medida de reparación para estas niñas y el Estado no les debe obligar a parir".
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