El deslave en Alausí, que dejó 75 muertos, cumple un año; su alcalde denuncia falta de ayuda estatal

Este 26 de marzo se cumple un año del deslave en Alausí, provincia de Chimborazo, que dejó 75 fallecidos y al menos nueve personas que no pudieron ser rescatadas de debajo de las toneladas de tierra. Sus pobladores aún viven con el peligro de nuevos deslizamientos mientras su Alcalde denuncia la falta de ayuda estatal.

La noche del 26 de marzo de 2023, miles de toneladas de tierra sepultaron a más de medio centenar de casas. A los organismos de socorro les tomó cerca de tres meses rescatar los cuerpos en medio del dolor y angustia de familiares y vecinos, que se sumaron a la labor.

Ahora, en la zona del deslave, algunas hierbas han comenzado a cubrir la tierra que se tragó parte de la población. "Con maquinarias nuestras hemos hecho alguna estabilización para la protección del margen de las viviendas que quedaron (a salvo)", comentó a EFE el alcalde de Alausí, Remigio Roldán.

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Sin respuesta "concreta por parte del Estado" -dijo-, Alausí se alió con universidades y con organizaciones no gubernamentales "para solucionar diferentes problemas que dejó el deslizamiento", como la destrucción de un sistema de conducción de agua que alimentaba a 8 000 habitantes.

"Gracias a la Unión Europea (UE) estamos recibiendo el financiamiento de cerca de dos millones de dólares para el nuevo sistema de captación, conducción y repotenciación de la planta de tratamiento de agua potable para los 8 000 habitantes", informó Roldán.

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El alcalde cifró en 75 los fallecidos en el alud y apuntó que no han podido rescatar a nueve "que se quedaron entre los escombros" en la zona en la que vivían 163 familias. Según último reporte oficial de la tragedia, publicado en noviembre por la Secretaría de Gestión de Riesgos, son 65 los fallecidos y 10 los que figuran oficialmente con la condición de "desaparecidos" tras no alcanzar a encontrar sus cuerpos.

Los damnificados llegaron a los 800. "Algunos -dijo Roldán- han tenido que emigrar, algunos están arrendando departamentos, habitaciones, otros están donde los familiares".

Al seguir la zona en riesgo, no han permitido el retorno de los habitantes a las casas que quedaron en pie a orillas del alud: "No queremos perder más vidas. Alertamos que el problema sigue latente, tenemos una parte (en la) que siguen cediendo las grietas".

"Exigimos al Gobierno que dé viviendas", subrayó Roldán al agregar que se ha presupuestado la inversión de USD 1,5 millones para la construcción de 57 viviendas y, aunque tienen los terrenos donde realizar las obras, no han avanzado porque cambió el Gobierno, que desde el pasado 23 de noviembre lidera el presidente Daniel Noboa.

Además, al margen del polígono del alud, hay dos escuelas con 800 alumnos, que no pueden volver a sus aulas si no se estabiliza el talud. "Estamos improvisando en otras infraestructuras que estaban abandonadas para que los chicos reciban clases", indicó.

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Roldán insistió en que, pese a que en Alausí viven en riesgo, no cuentan con "el apoyo concreto" del Gobierno en vialidad y vivienda. "Tenemos que ajustarnos a vivir en medio de esta realidad, haciendo todo el esfuerzo nuestro, como Gobierno pequeño (alcaldía), como comunidades, como organizaciones", anotó.

Recordó que en una visita a Alausí horas después de ocurrida la tragedia, el entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023), ofreció invertir 8 millones de dólares, pero aún no se concreta "ni un solo centavo en acciones inmediatas".

Se lamentó de que ninguna de las 186 comunidades rurales de Alausí tenga agua potable, alcantarillado o saneamiento, y apuntó que el Estado debe desembolsar el 50 % de anticipo de un contrato para la construcción de un hospital, cuyo costo bordea los USD 23 millones, pero tampoco eso avanza.

En enero, la Secretaría de Gestión de Riesgos presentó la hoja de ruta para la recuperación de Alausí, con un presupuesto de USD 10 millones financiados principalmente por la cooperación internacional para reconstruir la carretera que conecta con Riobamba, así como soluciones de vivienda y la entrega de bonos para personas en situación vulnerable, entre otras acciones.

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