Denuncian red de corrupción en el hospital Teodoro Maldonado del IESS de Guayaquil
- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya encontró irregularidades en 2011.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya encontró irregularidades en 2011.
Hugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo, confirmó que existe una red de corrupción en el el hospital Teodoro Maldonadoa Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),
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La Veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) halló en 2011 varias irregularidades en este centro hospitalario.
Entre las denuncias presentadas, se afirma que hay médicos que cobraron hasta 37.000 dólares por seis meses de atención a los afiliados del Seguro Social en clínicas privadas.
También, otros galenos firmaron convenios con clínicas particulares de su propiedad mientras trabajaban en el hospital Teodoro Maldonado Carbo.
“Yo si puedo determinar que existían varios involucrados que estaban a cargo de los procesos de derivaciones. Redes que estaban intercomunicadas y que permitían que esos procesos fluyan”, explicó Villacrés.
Pero ¿Por qué si esto se denunció en 2011 el problema no ha sido resuelto? Es la pregunta que se hace Arsenio Palacios. uno de los veedores del CPCCS)
“Han pasado cuatro años y han corroborado nuestro informe”, asegura Palacios.
El informe de veeduría revela como en menos de tres años una clínica privada incrementó su cartera de clientes de 96 a 5516 afiliados.
Villacrés asegura que se disolverán varios convenios con estos centros de salud, también indica que varios de los funcionarios involucrados con estas irregularidades ya han sido separados.
En 2011, una resolución del Seguro Social dispuso un control constante a las clínicas privadas para medir la calidad de sus servicios, y una verificación anual del cumplimiento de los convenios entre el IESS y los prestadores externos, sin embargo, siguieron ocurriendo irregularidades.
La Contraloría dispuso un examen especial, por pedido de la Fiscalía General del Estado, pero aún no hay responsables por el perjuicio al Estado y a los afiliados.
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