Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno a que implemente mecanismos para frenar la migración ilegal

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno, este miércoles 4 de mayo del 2022, para que adopte medidas que atiendan la difícil situación económica por la que atraviesan las familias ecuatorianas, especialmente aquellas que viven en las zonas más periféricas para mitigar las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades.

Lo hizo por la situación migratoria que se vive en el país debido las noticias frecuentes sobre el número de migrantes ecuatorianos en los pasos fronterizos con destino a los Estados Unidos. Lo que ocurre evidencia –según la entidad- que se debe fortalecer políticas que garanticen el derecho a migrar que es reconocido en la Constitución, pero a la vez, la importancia de planes, programas y proyectos de prevención y adecuada protección a los ecuatorianos en situación de movilidad humana, que caen en redes de tráfico de migrantes y de trata de personas.

La crisis derivada del covid-19 y los efectos que ha tenido en derechos económicos, sociales y culturales, principalmente en las zonas rurales del país, empuja a que las personas vean en la migración una alternativa para superar sus problemas, principalmente económicos, de lo cual se aprovechan las redes del tráfico ilícito de migrantes para captar víctimas y son vulnerables a caer en redes delictivas.

Por eso, la Defensoría del Pueblo pidió a Cancillería que desarrolle e implemente políticas de prevención orientadas a informar y desincentivar la migración riesgosa que afecta a las familias, a que se mejoren los mecanismos de detección de traslado ilícito y clandestino de las personas migrantes.

Eso implica que se adopten mecanismos que mejoren la asistencia consular en los territorios de tránsito y destino migratorio de los connacionales, de modo que se alerten situaciones de riesgo y a la vez que se atienda de manera inmediata y oportuna a las víctimas del tráfico ilícito de migrantes, de acuerdo a los protocolos de actuación.

Exhortó a organismos internacionales como el Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de la Trata de Personas, Tráfico de Migrantes, y Protección a sus Víctimas para que tomen un rol más activo.

Pidió al Consejo de la Judicatura que continúe fortaleciendo el sistema de justicia y amplíe los acuerdos de cooperación y asistencia internacional para que los casos se judicialicen de manera oportuna y sean sancionadas las personas que actúan en los distintos niveles de la cadena de operación del tráfico ilícito de migrantes. El objetivo es que este tipo de delitos no queden en la impunidad.

Desde la Defensoría del Pueblo de Ecuador se realizarán las gestiones para lograr acuerdos colectivos con las Instituciones de Derechos Humanos de Iberoamérica, en el marco de la IV Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos, cuya organización está a su cargo. La idea es que se comprometan sus acciones e implementen el protocolo para la prevención y respuesta para la atención de las personas en contextos de movilidad humana.