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Defensa "conciliadora" promete el Gobierno en la audiencia contra indígenas, en Brasil
La CorteIDH celebrará este martes la audiencia sobre la presunta vulneración de derechos de los indígenas en aislamiento
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Laguna Grande de Cuyabeno, en el Parque Nacional Yasuní, donde se asientan las comunidades.( )
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) instaló este lunes, 22 de agosto, en Brasilia su 150 Período Ordinario de Sesiones, que durante este semana analizará demandas presentadas contra Ecuador, Argentina, Perú y México.
El primer caso, que será analizado este martes, se refiere a la presunta responsabilidad del Estado ecuatoriano en supuestas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane en el marco de proyectos que pudieran afectar sus recursos naturales y costumbres ancestrales.
Este proceso es considerado de gran importancia para los pueblos originarios de toda América Latina y, en particular, de la Amazonía, pues trata sobre amenazas que encarnan, entre otras, las industrias petroleras que avanzan sobre la selva en diversos puntos de la región.
El Gobierno y la Procuraduría participarán en esa audiencia. Mediante un comunicado, la Secretaría de Comunicación indica que realizarán una defensa técnica y conciliadora, además reconoce la importancia de los pueblos no contactados.
Otros casos a tratarse en Brasil
El segundo caso está centrado en una demanda presentada por el peruano Crissthian Manuel Olivera Fuentes, quien denunció haber sido objeto de discriminación debido a su orientación sexual en un supermercado de Lima y dice no haber recibido la debida atención de la Justicia local.
En tercer lugar se discutirán denuncias del argentino Guillermo Antonio Álvarez, condenado a 25 años de cárcel por 4 homicidios y quien sostiene que, en su caso, no fueron respetadas las reglas del debido proceso.
El último de los casos se refiere a la alegada responsabilidad del Estado mexicano en las supuestas violaciones de los derechos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años.
Pérez Manrique destacó que será el primer período de sesiones que la CorteIDH celebre fuera de su sede permanente en Costa Rica desde el inicio de la pandemia de coronavirus.
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