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No se podrá circular de 20H00 a 05H00 cerca de edificios del Estado. Foto: API
El decreto de Moreno abarca zonas cercanas a edificios del Estado.
En el Decreto Ejecutivo 888, el presidente Lenín Moreno dispone la restricción del libre tránsito de 20H00 a 05H00, de lunes a domingo, en zonas cercanas a edificios de las funciones del Estado y otras que definan las Fuerzas Armadas.
El documento dispone, además, como ya lo anunció el jefe de Estado el lunes 7 de octubre, trasladar la sede de la Función Ejecutiva de Quito a Guayaquil.
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La restricción de circulación se dará mientras dure el estado de excepción y de acuerdo con las necesidades establecidas por el Ministerio de Gobierno y la Policía. Según el decreto, de ser el caso, se emitirán salvoconductos.
La disposición exceptúa a servidores públicos, miembros de Policía y Fuerzas Armadas, comunicadores sociales acreditados, miembros de misiones diplomáticas, personal médico, sanitario o de socorro, transporte público administrado por entidades estatales, entre otros.
El decreto señala que "la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas serán responsables del cumplimiento de esta restricción para lo cual quedan autorizados para, en el marco de sus funciones, apliquen los procedimientos correspondientes”.
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En el caso del Puerto Principal, de 20H00 a 05H00, no habrá circulación por los puentes que unen Guayaquil con Samborondón, Durán y la Sierra, debido a la restricción dispuesta por el decreto del jefe de Estado.
Así lo explicaron el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, desde Guayaquil.
Además, indicó Jarrín estos horarios de restricción en la urbe abarcan puntos como Tres Bocas, Pascuales, Chorrillos y el Puerto Marítimo.
Durante la tarde, un grupo de indígenas entró a la Asamblea Nacional, en medio de las protestas que se dan en Quito y en el resto del país, pero fue desalojado posteriormente por policías y militares.
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El lunes 7 de octubre de 2019, durante las manifestaciones, desconocidos entraron a la sede de la Contraloría.
Según el contralor Pablo Celi, esto es un ataque de una “banda organizada” para destruir documentos de responsabilidades civiles y penales e investigaciones.
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