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Colectivos ciudadanos rechazan los actos de corrupción y también piden la renuncia al Alcalde Yunda
Yunda no renunciará y bancada correísta propone el camino de la remoción
Luego de cuatro intentos, finalmente, se logró instalar la sesión del Concejo Metropolitano de Quito para tratar los temas que urgen a la ciudad.
Esta vez la reunión tuvo más orden y no hubo gritos pero si acusaciones. El Alcalde, Jorge Yunda, dio la palabra a los concejales quienes le extendieron duras críticas por los escándalos de corrupción. La compra de las pruebas PCR, los contratos con la empresa Geinco y el más grave los chats de su hijo, Sebastián Yunda, con funcionarios y empresarios donde se evidenciarían que había una administración paralela del municipio.
La mayoría de los ediles le pidieron la renuncia, incluso con los que inició su mandato la "Coalición por Quito" pero Jorge Yunda ratificó que no renunciará y que espera que la justicia sea la que se pronuncie sobre estos casos.
Mientras que, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, los concejales hablaron de las vías jurídicas y el camino sería la remoción del cargo.
En lo que si coincidieron todos los concejales es que Quito está desentendida, la ciudadanía defraudada mientras la ciudad se hunde en la crisis económica por la pandemia de covid 19 que está en su peor momento. Cada día hay más de 1600 casos positivos y los hospitales siguen colapsados.
Por otro lado, colectivos ciudadanos rechazan los actos de corrupción y también piden la renuncia del burgomaestre.
Pero ¿Cuáles son las vías para que Yunda deje el poder?
El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (COOTAD) rige sobre la prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales y para sacar a una autoridad de elección popular de su cargo establece tres formas: remoción, revocatoria del mandato y destitución.
La remoción y revocatoria pueden ser solicitadas por cualquier personas. El colectivo ciudadano Quito Unido presentó un pedido de remoción pero desistió, su representante Marcelo Hallo, dijo que plantearán uno nuevo.
El artículo 333 del COOTAD, establece ocho causales para este trámite:
- Haberse dictado en su contra sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito.
- Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada.
- Incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones contenidas en el COOTAD, de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados, sin causa justificada.
- Despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos del Gobierno Autónomo Descentralizado, legal y debidamente comprobado.
- Ejercicio de actividades electorales en uso o con ocasión de sus funciones y abusar de la autoridad que le confiere el cargo para coartar la libertad de sufragio u otras garantías constitucionales.
- Padecer de incapacidad física o mental permanente debidamente comprobada, que le imposibilite el ejercicio de su cargo.
- Incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la gestión del respectivo gobierno autónomo descentralizado.
- Por el cometimiento de actos de violencia en contra de los grupos de atención prioritaria.
Luego de que llegue el pedido a la secretaría del Concejo pasa la Comisión de mesa para verificar que se cumpla con los requisitos y se de trámite para analizar las causas. El alcalde debe ejercer su derecho a la defensa.
Dicha mesa realiza un informe y el pleno del Concejo Metropolitano debe votar, en este caso, se necesitan 14 de los 21 ediles. Todo el proceso puede durar unos 30 días.
Si el Concejo vota mayoritariamente para la remoción, además, debe existir un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral.
Para la revocatoria de mandato se necesitan las firmas de al menos el 10% del padrón de electoral en Quito, ahí se incia el tramite para la consulta popular y la ciudadanía será la que decida el futuro del alcalde. Esta vía puede tomar varios meses.
En cambio, la destitución es por un proceso de la Contraloría General del Estado y que luego de una investigación se determina las causales para sacarlo de su cargo. Este proceso también es largo.
El próximo 26 de abril, se desarrollará la audiencia de llamamiento a juicio en el caso de la compra de 100 mil pruebas PCR. En este proceso, dictaron medidas cautelares en contra de Jorge Yunda y lleva un grillete electrónico. Los otros casos siguen en la etapa de investigación.
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