Crisis de seguridad en Ecuador: la "mexicanización" de los delitos supera a la gestión del Gobierno

El flagelo del narcotráfico y crimen organizado, a los que se suman la delincuencia común y una crisis carcelaria sin precedentes, ubican a Ecuador como el país con el aumento más acelerado de homicidios de toda la región y reflejan que la realidad supera a la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso.

Si en 2021 Ecuador registró más de 2.400 asesinatos, alcanzando los 14 homicidios por 100.000 habitantes (la tasa más alta en una década, según la fundación InSight Crime) y prácticamente doblando la cifra de 2020, solo entre enero y abril de este año ya van más de 1.200 muertes violentas contabilizadas por la Policía Nacional.

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El docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Daniel Pontón recuerda que Ecuador experimentó entre 2009 y 2010 tasas cercanas al 19, pero vaticina que si nada impide la tónica actual, "se podría superar con creces esa cifra y estar a la par que países centroamericanos o Venezuela".

Coincide con él Carolina Andrade, experta en seguridad ciudadana, al subrayar que si el Ejecutivo no toma acciones de contención, como el último estado de excepción focalizado en tres provincias, "podríamos dispararnos a niveles muy cercanos a México", que cerró 2021 con una tasa de 25,8, conforme al Observatorio de Homicidios del Instituto Igarapé.

Cifras aparte, el repunte de la violencia con formas hasta ahora inéditas se evidencia este año en sucesos tales como la aparición de cadáveres colgados de un puente en Durán, provincia de Guayas, vehículos bombas en Esmeraldas y Guayaquil tras decomisos importantes de droga, así como la explosión de drones en entornos carcelarios, que apuntan a una "mexicanización" de las prácticas delictivas.

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"Esta violencia no solo es cuantitativa, sino cualitativa y bajo una lógica de amplificación mediática que genera mucha preocupación", alerta Pontón sobre un fenómeno "que empieza a ser cotidiano" y llegar a tener un efecto de "derrame".

El síntoma más claro del deterioro de la situación en un país que, hasta hace poco más de un lustro era considerado el segundo más seguro de Suramérica, es el repunte de los sicariatos bajo modalidades que van más allá del ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

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Esta práctica está generando verdadera conmoción social porque muchos son grabados por cámaras de vigilancia a plena luz del día, incluso ante la presencia de niños y con objetivos variopintos que van desde una fiscal, abogados y empresarios hasta individuos aparentemente no vinculados a actividades delictivas.

"Al principio el Gobierno planteaba que era un problema entre bandas del narcotráfico, pero empieza a haber sicariatos para resolver conflictos triviales", insiste Pontón al anotar que el 70 % de las provincias ecuatorianas muestran tasas significativas de homicidios.

Capítulo aparte merece la crisis carcelaria que en los dos últimos años se ha cobrado la vida de más de 400 reclusos en sanguinarios enfrentamientos entre clanes rivales y sus propios disidentes involucradas en el negocio de la droga, que a la vez se disputan el control de las prisiones y las calles.

La violencia en las cárceles ha sido exponencial: en 2020 fueron 46 los presos asesinados, un año después ascendieron a 316 en distintas matanzas, y este 2022 va camino de reproducir el patrón al acumular de momento 64 muertes, las últimas en una carnicería con 44 cadáveres apilados en el patio de la prisión de Santo Domingo.

Pontón enmarca estas acciones bajo el concepto de "violencia comunicacional" en un mundo globalizado, "donde los criminales saben que esa violencia se difunde y marca territorio bajo una lógica instrumental".

El analista alerta que no se explica el ensañamiento de estas bandas, reflejado en decapitaciones y brutalidad extrema, "influencia de los carteles extranjeros que hace rato están en Ecuador".

El presidente Lasso ha anunciado que destinará 1.200 millones dólares para combatir la inseguridad, ha establecido una Comisión de Pacificación para fortalecer el sistema penitenciario, ha avanzado una Ley de Seguridad Ciudadana y prevé incorporar 30.000 policías al combate de la criminalidad.

Sin embargo, Andrade valora que las decisiones están llegando tarde y de manera improvisada al censurar la falta de perfiles civiles para enfrentar un fenómeno multidimensional.

"Por primera vez en 20 años todo el sector de la seguridad se encuentra bajo la responsabilidad del servicio pasivo militar y policial", cuestiona.

Propone implementar las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU respecto a la problemática carcelaria, mejorar capacidades operativas y apostar por el eje preventivo contra la delincuencia común.

Su colega es partidario de intervenciones contundentes y separación de presos según su perfil, y combatir el narcotráfico con inteligencia estratégica sin desdeñar la alta impunidad "en un sistema permeable a la corrupción y al crimen organizado".