Vicepresidenta es acusada de cobros indebidos a sus colaboradores cuando era asambleísta.
El asambleísta de CREO Fabricio Villamar hizo público el documento de recolección de firmas de respaldo para un juicio político en contra de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, acusada de cobros indebidos de dinero cuando fue legisladora. Lourdes Cuesta, compañera de bancada de Villamar, ya firmó.
#Atención: Iniciamos con la recolección de firmas para el Juicio Político a la Vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña.
Por la causal establecida en el artículo 129 numeral 2 de la Constitución: delito de concusión. #JuicioPoliticoVicuña pic.twitter.com/pVXpR8I4cg— Fabricio Villamar (@fabovillamar) 28 de noviembre de 2018
“Es una preocupación que hemos tenido todos como bloque, pero que el asambleísta Villamar ha tomado la posta para dedicarse a la recolección de firmas, de pruebas y demás”, comentó la legisladora.
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Otra de las firmantes, según consta en el documento publicado por Villamar, es la correísta Lira Villalba, quien considera que la Asamblea tiene derecho a fiscalizar sobre este caso.
“Aun cuando son apenas de denuncias que se han presentado, el requisito para un enjuiciamiento político a nivel de presidente y vicepresidente no demandan de que tengan sentencias ejecutoriadas, sino que se tengan los elementos del cometimiento de un delito”, dijo Villalba.
Si bien el Consejo de Administración Legislativa (CAL) da luz verde al pedido de juicio político en contra de Vicuña, la Legislatura se enfrentaría a un problema, pues el juicio debe ser admitido por la Corte Constitucional, entidad que sigue en vacancia.
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“Ese juicio político, para que pueda proseguir necesita el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y como esta se encuentra en vacancia, el juicio quedaría allí, a la espera de que se integre la Corte Constitucional”, explicó el socialcristiano Luis Fernando Torres.
Por el pedido de juicio político ya no cabría la conformación de una comisión especial que investigue el caso de los supuestos cobros ilegales en el que está involucrada la vicepresidenta Vicuña.
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