CorteIDH se pronunciará sobre indígenas de Ecuador y explotación petrolera

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizará, el próximo martes, 23 de agosto, la audiencia sobre la presunta vulneración de derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de Ecuador.

En el marco de su 150 periodo ordinario de sesiones, que se celebra en Brasilia, la CorteIDH escuchará a la partes enfrentadas en el caso sobre los tagaeri y taromenane, dos etnias nativas que viven en aislamiento dentro del Parque Nacional Yasuní y cuyos derechos varias organizaciones consideran afectados por el Estado al promover la explotación de petróleo en la zona.

Así, por primera vez, la CorteIDH deberá evaluar y determinar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, comunidades nativas en las zonas más remotas y recónditas de la Amazonía que prefieren mantener su modo de vida ancestral dentro de la selva y vivir al margen de la sociedad actual.

"Estamos convencidos de que la Corte va a fallar a favor de estos pueblos", aseguró a Efe el abogado Mario Melo, de la Fundación Pachamama, quien intervendrá en la audiencia en patrocinio conjunto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Centro de Derechos Humanos de Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), y en compañía de abogados del colectivo Yasunidos.

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"Va a reforzar la protección jurídica que tienen a nivel internacional y va a dictar medidas de reparación para que el Estado ecuatoriano se comprometa en el cumplimiento de estos derechos y en la protección de la vida y dignidad de estos pueblos", auguró Melo.

Su argumento principal es "la presencia de las actividades petroleras en el territorio de los pueblos en aislamiento por donde ellos viven y transitan está ya prohibida por la Constitución del Ecuador" y que el territorio ancestral de los tagaeri y taromenane va más allá de la zona intangible establecida por el Estado dentro del Yasuní, el área natural protegida más grande del Ecuador continental.

Son varios los campos petroleros que tienen pozos cercanos a la zona intangible del Yasuní, establecidos bajo la declaratoria de interés nacional también contemplada en la Constitución y operados por la estatal Petroecuador, que afirma aplicar estrictos protocolos para evitar cualquier afectación eventual al entorno.