Consulta popular sobre minería en Azuay costaría millones de dólares, según Gobierno
Delegados de Ambiente, Agua y Minas acudieron a la Corte Constitucional.
El viceministro de Minas, Enrique Gallegos, advierte que Ecuador tendría que pagar millones de dólares si se da paso a una consulta popular -impulsada por el prefecto de Azuay- en la que se proponga la cancelación de las concesiones mineras que actualmente existen en esa provincia.
Gallegos presentó este miércoles 12 de febrero una respuesta a la Corte Constitucional sobre este proceso; mientras el viceministro de Ambiente y el subsecretario del Agua, Ramiro Montalvo y Carlos Andrade, respectivemante, pidieron ser incluidos en esta diligencia a través de un Amicus Curiae, un recurso legal que le permite a terceros ofrecer su testimonio durante un proceso.
Montalvo y Andrade consideran que si se suspenden las consesiones mineras formales, la minería ilegal se tomaría esos espacios e implicaría otros delitos.
El pasado 7 de enero el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, presentó la solicitud de consulta popular a la Corte Constitucional con la intención de que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en el territorio austral.
La Corte Constitucional deberá resolver este pedido.
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