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La Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de obstrucción de la justicia.
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La FGE anunció que había levantado indicios digitales y físicos.( )
El Consejo de la Judicatura (CJ) asegura que el allanamiento ejecutado este viernes 12 de mayo a las instalaciones de su edificio matriz, en el norte de Quito, no cumplió con los requisitos legales, además condenó el "ataque sistemático" contra la Función Judicial.
Según el CJ, los funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ingresaron a las oficinas no presentaron ni leyeron una orden judicial, sin embargo, "se facilitó la irrupción de quienes dijeron ser servidores" de esa institución.
Para la FGE, no hubo tales "facilidades". Indicó que incluso se inhabilitaron los ascensores del edificio.
Este último organismo mencionó que la diligencia se llevó a cabo en el marco de una investigación por un presunto delito de obstrucción de la justicia, "relacionado con casos considerados de conmoción".
El personal de la FGE y policías ingresaron también a las oficinas de los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo. Ahí buscaron documentos "que podrían estar relacionados a la investigación".
Finalizada la diligencia, la FGE anunció que había levantado indicios digitales y físicos.
La Judicatura, en cambio, expresó su preocupación por el procedimiento porque, entre otros motivos, ocurrió un día después de haberse registrado una amenaza de bomba en las mismas instalaciones.
El titular del CJ, Wilman Terán, también se refirió al allanamiento. Dijo que "en la justicia jamás se deben mezclar los tintes políticos". Asimismo, manifestó que el "ataque sistemático" a la Función Judicial es un pretexto para "no dotarle de los recursos económicos necesarios".
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