Protesta por dictamen que absuelve a seis militares en caso de Pamela Ati

Este lunes 30 de septiembre, organizaciones de mujeres, familiares y amigos de la subteniente del Ejército Pamela Ati, quien murió en julio pasado en un cuartel militar de la provincia de Orellana, protestaron frente a la Fiscalía en Quito. Las manifestaciones surgieron en rechazo al dictamen abstentivo emitido en favor de los seis militares procesados por el caso. Los protestantes exigieron justicia y cuestionaron la falta de acciones contra los involucrados.

El pasado jueves, la fiscal encargada de la investigación decidió no acusar a los seis uniformados. Su decisión se basó en un informe de exhumación que concluyó que la subteniente murió por un edema pulmonar supuestamente causado por el consumo excesivo de alcohol.

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Esta versión contradice la primera autopsia, que determinó que la causa de muerte fue asfixia y que el cuerpo presentaba signos de politraumatismos, hematomas y la presencia de un líquido blanquecino en la vagina.

Los familiares de Pamela Ati rechazaron de manera tajante el nuevo informe forense y el dictamen fiscal. Señalaron que este contradice claramente los hallazgos iniciales que indicaban una posible agresión.

Debido a estas inconsistencias en los informes, los seis militares que fueron procesados quedaron exonerados, lo que ha generado indignación entre los allegados de la víctima.

En casos como este, donde existen informes forenses contradictorios, la ley prevé la realización de un tercer peritaje. La abogada penalista Lorena Grillo, consultada por Ecuavisa, explicó que es fundamental realizar una nueva autopsia o informe basado en los resultados anteriores para aclarar las circunstancias del fallecimiento y dar transparencia al proceso judicial.

La Fiscalía informó que el caso ha sido elevado a consulta ante el fiscal provincial de Orellana, donde ocurrieron los hechos. Este funcionario tendrá un plazo de 30 días para revisar el expediente y pronunciarse sobre los pasos a seguir. Mientras tanto, el caso permanece en incertidumbre y los familiares continúan a la espera de una respuesta que pueda esclarecer la verdad.

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La Fiscalía también aclaró que, en concordancia con lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los detalles de las investigaciones relacionadas con presuntos casos de violencia contra la mujer deben mantenerse bajo reserva. Esta medida tiene como fin proteger los derechos de las víctimas y evitar situaciones de revictimización durante el proceso judicial.

Los colectivos de mujeres que encabezaron la protesta anunciaron que continuarán con plantones y manifestaciones hasta que el fiscal de Orellana emita un pronunciamiento y se tomen decisiones concretas que conduzcan a la justicia en el caso de la subteniente Pamela Ati.