Caso Nilsen Arias: Juez dicta medidas contra siete personas investigadas por cohecho

Tras el pedido de Fiscalía una jueza dictó prisión preventiva para los exfuncionarios de Petroecuador, Galo G., Miguel P. y Lenin A, y para el exfuncionario de Finanzas, William V., para Andrés R., Wilson N. y Jorge P, dispuso presentación periódica y prohibición de salir del país.

A Nilsen Arias, quien manejó más de 100 mil millones de dólares en comercio internacional de petroleo y sus derivados en Petroecuador entre el 2010 y 2016, se le empezaron a complicar las cosas en el 2016.

Al final del gobierno de Rafael Correa, en el que fue un hombre clave, el poder se fue diluyendo y con eso llegaron las investigaciones de posibles actos de corrupción y las auditorías de la Contraloría entre 2016 y 2018 que le impuso 15 glosas que suman 173,5 millones de dólares.

La mayor de ellas es por 87,3 millones de dólares y fue el resultado de auditar la vigencia de varios contratos de venta anticipada de crudo con Petrochina y Petrotailandia.

Los contratos fueron por 1.200 millones de dólares y la Contraloría determinó que al menos uno no contaba con ningún sustento técnico, en otro se bajó la calidad del crudo nacional y se perdieron cerca de 5.000 millones de dólares en un año.

Otra glosa es de 47,8 millones de dólares y responde a la auditoría a otros contratos con Petrochina y UNIPEC por más de 6.000 millones de dólares. La auditoría determinó que en este caso tampoco hubo respaldo de estudios ni documentos técnicos para la firma de los contratos, tanto que incluso se manejaron con disposiciones verbales.

Además se estableció que el petróleo no fue entregado a los compradores sino a intermediarios, generando más pérdidas para el estado.

Además de esas dos glosas, otras 13 dan cuenta de como Arias manejó sin sustento técnico el comercio del petróleo ecuatoriano y sus derivados.

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Para el 2017, cuando concluyó el gobierno de Correa, Arias dejó Petroecuador y abandonó el país, por lo que las glosas determinadas, a demás de otras sanciones administrativas, quedaron como incobrables en la Contraloría.