Caso Las Malvinas | Ministro de Defensa pidió disculpas pero advierte a jueza y organismos de DD. HH.
Sus declaraciones podrían configurar la responsabilidad del Estado en este caso.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, presentó disculpas públicas a las familias de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil y que luego fueron asesinados, en cumplimiento de una disposición judicial. Sin embargo, el acto incluyó fuertes advertencias hacia la jueza Tanya Loor, quien ordenó esta medida de reparación, y contra las organizaciones de derechos humanos.
Durante una cadena nacional de cuatro minutos y 47 segundos la noche del 6 de enero, Loffredo, rodeado de militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, anunció que llegará "hasta las últimas consecuencias" para que la magistrada sea sancionada y que investigará a las organizaciones que, según él, promovieron una narrativa de persecución política en torno a la desaparición de los niños.
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El mensaje del ministro no aclaró los detalles del caso que involucra a 16 militares procesados por desaparición forzada. Por el contrario, reforzó un espíritu de cuerpo que, según analistas, busca proteger la imagen institucional de las Fuerzas Armadas, una práctica recurrente en casos similares.
Este enfoque ha generado críticas, particularmente en el contexto de un poder ampliado que el gobierno concedió a los militares al declarar un conflicto armado interno no internacional.
Luis Córdova, catedrático de la Universidad Central y experto en seguridad, explicó que esta protección a los investigados se enmarca en un año donde muchas detenciones realizadas por las Fuerzas Armadas ocurrieron en "una zona gris de legalidad". Según el experto, las acciones del ministro, al amenazar con sanciones a la jueza y a las organizaciones de derechos humanos, podrían contribuir a configurar un delito de Estado, lo que tendría repercusiones en cortes internacionales.
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Desde el 8 de diciembre, cuando ocurrió la desaparición de los menores, el mando militar ha respaldado a los 16 uniformados, quienes actualmente cumplen prisión preventiva. La instrucción fiscal concluirá en 90 días, mientras las investigaciones continúan bajo el escrutinio nacional e internacional.
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