Caso 30-S: nueve militares llamados a juicio por asesinato

La Fiscalía General informó, este lunes 30 de mayo del 2022, que se presentó dictamen acusatorio contra nueve militares (activos y pasivos), como presuntos autores del delito de asesinato, cometido bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos, durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010 (30-S).

Ellos son los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P. y Hegel P. También Fernando C., Marco C., Luis O. y Patricio G., integrantes del grupo de fuerzas especiales que participó en los hechos.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, desarrollada en el Complejo Judicial Norte de Quito, la Jueza de Garantías Penales, Luz María Ortiz, declaró la validez del proceso respecto a vicios de procedimiento, cuestiones perjudiciales y competencia, que fueron presentados por Fiscalía, las defensas de los procesados y los familiares de las víctimas.

La fiscal a cargo del caso, Claudia Romero, señaló que las investigaciones se fundamentan en cómo se configuró la 'Operación Rescate', ejecutada para rescatar del Hospital de la Policía Nacional, en Quito, al expresidente Rafael Correa, durante la revuelta policial, la cual “no contó con la planificación adecuada”.

A través de una línea de tiempo y horas, se pudo determinar los posicionamientos policial y militar el día de los sucesos. Con base en más de 500 versiones tomadas por Fiscalía, se corroboró que no se efectuó un plan de acción asertivo: “un operativo improvisado, que no pensó en la gente civil ni en el personal que estaba en el lugar”, precisó Romero.

A estos elementos se suman más de 200 pericias como cincuenta de balística, de reconstrucción y reconocimiento del lugar de los hechos, de seguridad interna, de audio, video y afines, psicológicas y médicas legistas.

También el análisis de historias clínicas de los heridos, informe informático forense, entre otros, que en su conjunto -según la investigadora- demuestran que las víctimas (militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, y el policía Froilán Jiménez), fallecidas durante los hechos registrados el 30-S, estaban expuestos a una situación de riesgo e indefensión, al no tomarse en cuenta su salud física y mental.

Al finalizar la diligencia, Fiscalía solicitó a la jueza que dicte auto de llamamiento a juicio. También hizo el anuncio de pruebas documentales, periciales y testimoniales que se utilizarán en la etapa de juicio si la magistrada acepta el pedido justificado de Fiscalía.

Ortiz indicó que analizará el expediente fiscal y notificará oportunamente a las partes procesales para informar su resolución.