15 dic 2018 , 12:01

Aviones de la Presidencia volaron a 13 paraísos fiscales

   

Los 91 vuelos sin autorización del Gobierno de Correa costaron más de $13 millones.

Noventa y un de los 261 vuelos internacionales que se realizaron en los aviones presidenciales, de TAME y de Petroamazonas, no tenían autorizaciones de la Presidencia de la República, su operación le costó al país $13,5 millones. 

 

Este es uno de los hallazgos de la auditoría a los vuelos oficiales entre enero de 2012 y mayo de 2017 que hizo la Contraloría General del Estado, y cuyo informe borrador se conoció este 14 de diciembre de 2018.

 

El organismo de control determinó, además, que en 58 traslados de los aviones presidenciales y 24 en aviones de TAME, no hubo listas de pasajeros ni hay documentación que certifique que las aeronaves se usaron con fines oficiales.

 

Otro de los descubrimientos es que en 24 ocasiones se realizó aterrizajes en países considerados paraísos fiscales y en 12 de esos vuelos, no se certificó la lista de pasajeros ni la carga que se llevó.

 

Según la Contraloría, el Gobierno anterior usó discrecionalmente los aviones, tanto que se encontraron 15 traslados en los que, simultáneamente, se utilizó uno de los aviones presidenciales y también uno de TAME. O casos como una movilización a Perú, en noviembre de 2012, en la que se usó el avión presidencial, uno de TAME y otro de Petroamazonas con 208 asientos libres.

 

 

Revise: “El avión presidencial parecía taxi”, denuncia asambleísta socialcristiano en la Contraloría

 

 

En su informe, la Contraloría responsabiliza al expresidente de la República, Rafael Correa, de no haber velado por el buen uso de los aviones presidenciales y no emitir normativas para ese efecto.

 

Ante los hallazgos, el exmandatario respondió a la Contraloría a través de un oficio ingresado por su abogado, Alexis Mera, en el que acepta que pudo haber errores en la documentación de los viajes, aunque responsabiliza de ello a miembros de la FAE. Aclara, asimismo, que todos los vuelos se programaron por los intereses del país.

 

Las personas nombradas en la auditoría tendrán cinco días para presentar por escrito sus argumentos de descargo, luego de lo cual la Cotnraloría elaborará el informe definitivo.

 

 

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