Los apagones en Ecuador durarán, al menos, hasta abril de 2025

La crisis en Ecuador se mide en megavatios. Este fin de semana fue intenso para el Gobierno de Daniel Noboa en materia energética. Con el aumento del déficit eléctrico, los apagones se extendieron hasta 10 horas diarias, afectando tanto a la industria como a los ciudadanos. La situación provocó la renuncia del ministro de Energía, Antonio Goncalves, reemplazado por Inés Manzano, quien ha emitido varios videos informativos en redes sociales para aclarar la verdadera situación energética de las centrales del país.

Sinn embargo, a pesar de que el Gobierno planea implementar medidas emergentes a partir de diciembre, varios factores, incluido un informe de emergencia de CELEC, indican que la crisis eléctrica podría extenderse, incluso, hasta el primer cuatrimestre de 2025.

Durante el programa POLÍTICAMENTE CORRECTO, Fabián Calero, exgerente subrogante de CELEC-EP y actual viceministro de Electricidad, aseguró que entre noviembre y diciembre estarán listos 838 megavatios adicionales para enfrentar el déficit de energía.

En conjunto, el Gobierno ha prometido incorporar un máximo de 1.431 megavatios adicionales hasta abril de 2025. No obstante, según datos de la CENACE, el déficit eléctrico que actualmente es de 1.680 megavatios será mayor en 2025, debido al incremento de la demanda de 500 megavatios cada año.

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Frente a este panorama, Gabriel Salazar, ingeniero eléctrico y catedrático de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), anticipa que será muy difícil eliminar los apagones en el último trimestre de 2024, sobre todo por la crítica situación hídrica de los embalses de Mazar y Paute.

"El objetivo del Gobierno es evitar apagones para diciembre, pero será extremadamente difícil. Lo más probable es que solo se logre reducir las interrupciones de 10 horas a dos", explicó Salazar.

Según el ingeniero, Ecuador sufre un déficit del 30% en su capacidad eléctrica. En promedio, el país consume 90 gigavatios/hora, pero le faltan 27 gigavatios/hora para satisfacer la demanda total. Para reducir el impacto, Salazar sugiere incrementar la producción de energía térmica, aunque sea contaminante, hasta que los niveles de agua en las hidroeléctricas se estabilicen.

"Sabemos que no va a llover en diciembre, y posiblemente tampoco en las primeras semanas de enero de 2025. No nos queda más que depender de la energía térmica, es decir, generadores por combustible", enfatizó.

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Por su parte, frente a un rumor de que la hidroeléctrica en Mazar dejó de funcionar el pasado 10 de octubre, la ministra encargada Inés Manzano difundió un video en redes sociales donde aclaraba que la central seguía encendida. El viceministro Calero también aseguró que la hidroeléctrica no se apagaría, a pesar de que su nivel está solo tres metros por encima del mínimo requerido para funcionar.

Pese a ello, María Fernanda León, dirigente empresarial, tampoco cree que los apagones terminarán en diciembre y estima que las pérdidas económicas serán mayores a lo previsto.

"Calculamos que la industria pierde $12 millones por hora sin luz. Si los cortes continúan durante 10 horas en los últimos meses del año, el impacto será más grave", afirmó León. Ante esto, la empresaria pidió al Gobierno que se emita un plan de contingencia para que el sector empresarial pueda minimizar el impacto de los apagones.

Por su parte, el viceministro Calero reiteró que el monitoreo de la crisis eléctrica es diario y que las decisiones del Gobierno se tomarán cada semana. "No hay otra opción. Todos los días tratamos de aportar la mayor energía posible a los ecuatorianos, por eso las decisiones varían", explicó.

En septiembre de 2024, la Corporación Nacional de Electricidad (CELE-EP) emitió un informe técnico en el que se declaró en emergencia. En el documento, además, se concluye que habrá desabastecimiento en la generación y transmisión eléctrica desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025.

El apartado de conclusiones del informe de 40 páginas señala: "No es posible garantizar el abastecimiento de energía, y existe riesgo de cortes de servicio durante el periodo de octubre 2024 a marzo de 2025 o el primer cuatrimestre de 2025".

Entre las recomendaciones, la entidad pide que el Gobierno inicie lo antes posible planes de importación de energía para cubrir ese periodo, hasta que las condiciones climáticas mejoren los caudales de las centrales hidroeléctricas.

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Durante su intervención, el viceministro Calero aseguró que ya no se contempla la llegada de nuevas barcazas de generación eléctrica, previamente anunciadas en agosto con una capacidad de 250 megavatios. Según el funcionario, el proceso de generación móvil ha resultado complicado luego de la primera barcaza de Karpowership, que actualmente aporta 100 MW/h.

"Ahora, el Gobierno busca generar más energía terrestre, entre otras razones, porque es más rápido y el uso de combustible (diésel) es más eficiente", aseguró.

El experto en electricidad Gabriel Salazar considera positivo el cambio de enfoque del Gobierno, ya que asegura la generación eléctrica mediante barcazas resulta difícil, inestable y lenta en tiempos de crisis.

"Lo ideal hubiera sido arrendar varias barcazas de 10 o 20 megavatios. Sin embargo, este anuncio es prudente lo más viable por ahora es recurrir a la generación térmica", concluyó.

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El 28 de septiembre, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que eleva el límite de generación eléctrica privada de 10 MW a 100 MW por proyecto. La ley deberá ser aceptada por el Legislativo hasta el 28 de octubre.

Calero aseguró que esta reforma y la enviada en enero fueron la prioridad del Gobierno en meses anteriores, por lo que esperan resultados positivos pronto. Sin embargo, tanto María Fernanda León como Gabriel Salazar prevén que, incluso si el Legislativo aprueba la ley en noviembre, será muy difícil que el sector privado genere más energía en ese mes.

"Obtener un permiso de generación eléctrica puede tardar entre 24 y 36 meses", afirmó Salazar. El experto eléctrico sostiene que es posible que los tiempos se reduzcan considerablemente hasta 30 días, "pero todo es cuestión de voluntad política", dijo.

María Fernanda León coincidió en que es improbable que el sector privado inicie proyectos eléctricos en poco tiempo. "Después de su aprobación, seguramente tardaremos varios meses en empezar". La empresaria recalcó la necesidad de reformar la Constitución de 2008, porque, dijo "bloquea la inversión y la generación privada, acapara todo el control energético del país".

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