Anulan un proceso por lavado de activos de Odebrecht

Este miércoles 10 de julio de 2019, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la nulidad de la sentencia emitida en primera instancia, que había ratificado la inocencia de Ramiro Carrillo, Gustavo Masshu y Vladimir Sper, procesados por su supuesta participación en lavado de activos dentro de la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, caso relacionado con Odebrecht. 

 

"El Tribunal de alzada manifestó que la sentencia carece de una debida motivación y que se violentó la legítima defensa del Estado ecuatoriano en calidad de víctima", informó en su web la Fiscalía General del Estado. 

 

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Ahora, el juicio se debe volver a realizar con otro tribunal y así definir la situación jurídica de los tres investigados. 

 

"El Tribunal de primer nivel no permitió la inclusión del testimonio anticipado de José Santos, delator de Odebrecht, a pesar de haber sido anunciado adecuadamente y que se encontraba dentro de los acuerdos probatorios de las partes procesales", señaló el juez ponente, Leonardo Barriga, durante la lectura de su decisión.

 

Según la Sala Penal de la Corte Provincial, esta debió haber sido aceptada sin ser sometida a contradicción e incluida con el resto de pruebas para ser analizada y valorada.

 

La audiencia de apelación se realizó el 25 de marzo de 2019 y la lectura de la resolución se dio la tarde del miércoles 10 de julio de 2019. Antes, por cinco ocasiones no se había reinstalado, según la Fiscalía, debido a las inasistencias del abogado defensor de Gustavo Masshu y por la calamidad doméstica del abogado patrocinador de Vladimir Sper, entre otras razones.

 

La Fiscalía demostró que en 2013, Ramiro Carrillo se desempeñaba como gerente de Transporte y Almacenamiento de Petroecuador EP. Ese mismo año, la empresa Constructora Norberto Odebrecht participó en la licitación para la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, contrato que fue suscrito entre Carrillo y los representantes de la compañía.

 

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Según las investigaciones, por la adjudicación de contratos con el Estado, Odebrecht –a través de empresas off shore, como Klienfield Services– habría realizado pagos ilícitos para retribuir la asignación de dichos contratos. El representante de Carrillo ante la empresa brasileña, añade el Ministerio Público, era Gustavo Masshu, quien habría recibido valores en 2014 y 2015, a través de las cuentas de sus empresas en Panamá.

 

Massuh habría entregado el dinero en efectivo a Ramiro Carrillo, pero también a través de transferencias a la cuenta de Vladimir Sper (en Estados Unidos), quien entregó el dinero en Ecuador utilizando su empresa, agregó la Fiscalía en su portal. 

 

El monto por el cual se adjudicó el Poliducto Pascuales-Cuenca a la empresa Odebrecht fue de unos 370 millones de dólares, y según la investigación de la Fiscalía, esa adjudicación implicó un acuerdo entre la constructora brasileña y los procesados por 300.000 dólares.