Un año de cárcel para procesados por ofertar cargos públicos

La jueza de Garantías Penales, Marcela Ortega, luego de calificar el procedimiento abreviado al que se acogieron cuatro procesados, investigados por asociación ilícita para ofertar cargos en instituciones públicas, aceptó los elementos probatorios expuestos por Fiscalía y dictó sentencia condenatoria de un año de pena privativa de libertad a Luis Tarquino L. B., Marco Vinicio V. C., Pablo Roberto Ll. y Sebastián T. P.

 

En la audiencia realizada en la Unidad Judicial Valdivia, el fiscal César Suárez Pilay, de la Unidad de Administración Pública, expuso los elementos de convicción hasta ahora recopilados, entre ellos, las escuchas telefónicas autorizadas por la autoridad judicial, extracción de información de celulares, seguimientos a procesados, documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques…), en la que habrían intervenido y participado los ahora sentenciados.

 

También, la Fiscalía expuso el grado de participación de cada uno de ellos en el hecho, citando fechas de reuniones que sostuvieron en ciudades como Quito y Guayaquil, y quienes serían las personas encargadas de ofertar los cargos de las instituciones del Estado, entre ellas, la Dirección de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas, Petroecuador, hospitales públicos y otras, y en las que cobraban valores que iban entre los 4 y los 24 millones de dólares, específicamente, para los puestos gerenciales.

 

Según Fiscalía, en estas reuniones estaban presentes otros procesados, como José Carlos T. Z., expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con quien presuntamente se acordaban los puestos a ofertar y se indicaban los valores que deberían cancelarse por ellos; además de la adjudicación de contratos con entidades públicas, para lo cual presuntamente solicitaban porcentajes de los montos de contratación.

 

La jueza Marcela Ortega, luego de escuchar la posición de Fiscalía y consultar a los abogados y procesados sobre la responsabilidad y la aplicación por la que se acogieron a este procedimiento, emitió la sentencia de un año de pena privativa de libertad contra los cuatro.

 

Además de la sentencia, la Magistrada impuso a los procesados una multa de cuatro salarios básicos unificados (1.584 dólares), el impedimento a cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado.